Corte avanza con la demanda de inconstitucionalidad de Ricardo Martinelli

Ciudad de Panamá, Panamá/En una nueva fase se encuentra la demanda de inconstitucionalidad en la que el expresidente Ricardo Martinelli busca dejar sin efecto la orden de indagatoria en el caso New Business, en el que mantiene una condena por blanqueo de capitales. 

La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, mediante el edicto N°1243 del 21 de noviembre, informa la orden de publicar en edicto hasta por tres días en un periódico de circulación nacional para que, en término de 10 días, contados a partir de la última publicación, el demandante y todas las personas interesadas presenten sus argumentos por escrito, sobre el caso.

El magistrado Olmedo Arrocha se encuentra como ponente que, después del trámite de las opiniones que se presenten, tiene que elaborar un borrador de fallo que será discutido en sesión de Pleno con el resto de los magistrados.

Este paso se da luego que el procurador de la Administración Rigoberto González, en su escrito del 15 de noviembre de 2024, diera su respuesta al Pleno de la Corte.

Como es sabido, en su respuesta González estimó no viable la demanda de inconstitucionalidad promovida por la abogada de Martinelli, Nadia Castillo, en contra de la resolución indagatoria No. 01 de 30 de junio de 2020.

Uno de los principales argumentos de la defensa legal del expresidente es la supuesta violación al principio de especialidad; sin embargo, el procurador de la Administración es del criterio de que este "principio" fue considerado y discutido en el proceso penal, y que Martinelli tuvo la oportunidad de impugnarlo a través de los mecanismos legales disponibles.

En síntesis, el procurador González recomienda que se desestime la demanda promovida por Martinelli, ya que no es de carácter constitucional y que hay otras vías legales para abordar inquietudes planteadas durante el proceso legal. 

Martinelli se encuentra desde febrero pasado asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá. El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales impuso una condena de prisión de 10 años y seis meses.