Audiencia Odebrecht: Abogados defensores insisten en que no hay delito probado

Este lunes continuó la audiencia preliminar del caso Odebrecht, con los alegatos de la defensa, el Fiscal Mahmad Daud Hasan, volvió a confirmar a su salida ante los medios de comunicación, que los dineros de la Caja 2 de Odebrecht era ilícito, producto de sobornos por el delito de blanqueo de capitales, situación confirmada a través de asistencias judiciales de Suiza, Estados Unidos y Andorra.

Indicó el fiscal Hasan, que se dio ya la lectura de la Vista Fiscal y que el país tuvo la oportunidad de escuchar los alegatos del Ministerio Público y tal como se ha señalado las pruebas están en el expediente y el hecho está debidamente acreditado y están los elementos correspondientes para que se llame a juicio a 49 personas naturales y una jurídica.

Este lunes a las 9:00 a.m., se retomó la audiencia preliminar por el caso Odebrecht, que entra en su última semana, cuando se deberá culminar con los alegatos de los 37 defensores, y la jueza Baloísa Marquínez deberá hacer su calificación de la vista fiscal presentada por la fiscalía para tomar su decisión de hacer o no el auto llamamiento a juicio de los implicados. Tras escuchar los alegatos de tres abogados, la jueza decretó un receso de mediodía hasta las 2:00 pm.

Durante estas dos semanas de audiencia, la Fiscalía ha sostenido que ha cumplido con los elementos que se debían presentar durante esta fase de la audiencia, el expediente está fortalecido y si así la jueza lo decide, en la audiencia ordinaria entonces se puede debatir la responsabilidad penal.

Mientras que, los abogados defensores apelaron a términos como: prescripción de la acción penal, el doble juzgamiento, la ausencia de tipicidad, la no acreditación de delitos, la falta de un delito precedente y la falta del dolo necesario para un delito de blanqueo de capitales.

Esta audiencia debe culminar el próximo 30 de septiembre, según el calendario establecido para el desarrollo de la misma, entonces se conocerá a quiénes se llamará a juicio y quiénes serán sobreseídos.

El fiscal Mahmad Daud Hasan, indicó que faltan los alegatos de cerca de 18 abogados defensores, por lo que el miércoles se podría estar culminando. Reiteró que cuentan con los argumentos necesarios, y el hecho punible está acreditado para que se haga el llamamiento a juicio. 

Para la exprocuradora Ana Matilde Gómez, aunque no se llamen a todos los imputados a juicio, debe haber un auto llamamiento mixto, ya que, de lo contrario, Panamá sería un espacio para la impunidad. Para ella el Ministerio Público tiene un expediente fortalecido y pudo demostrar que hay un delito. 

El primer abogado en dar sus alegatos fue Alejandro Pérez, quien defiende a María Rivera Vega, acusada de soborno internacional y blanqueo de capitales. Ponderando lo vertido por sus colegas defensores y asegurando que se le dio una herida mortal a la teoría del delito que presentó el Ministerio Público, concluyendo en que no existe ni soborno internacional, ni blanqueo de capitales.

Destacó las ponencias de dos abogados que fueron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Salas y Jerónimo Mejía quienes también señalaron que los delitos mencionados no existían.

Pérez señaló que la investigación es errónea, incompleta, con ignorancia jurídica y con mala fe de algunos fiscales no presentes en la investigación. Agregó que existe desconocimiento de lo que es el delito de soborno internacional, indicando que, después del proceso se les debe pedir disculpa a los imputados.

Aseguró que los no se ha probado la ilicitud de los fondos, por lo que el proceso no tiene pies ni cabeza. Asegurando que los fondos de la caja de generación no eran ilícitos, sino el pago por las obras que realizaba la empresa.

Manifestó que su defendida, Rivera Vega, no ha ocultado el dinero que recibió en su cuenta bancaria.

Destacó que, para que se aplique el delito de corrupción, peculado y soborno internacional la persona debe ser funcionaria pública, pero su clienta siempre ha trabajado en la empresa privada y nunca ha tenido vinculación con ningún gobierno.

Acusó a Rodrigo Tacla Durán, uno de los testigos más importantes del Ministerio Público, de ser un delincuente con orden de detención con fines de extradición de la Fiscalía Brasileña y de Nueva York y no ha podido salir de España por un caso de blanqueo de capitales, al igual que en Brasil y Estados Unidos.

Además, amenazó con que los fiscales brasileños y estadounidenses sabrán que el Ministerio Público se reunió con Tacla Durán en España.

Hecho su sustento solicitó sobreseimiento definitivo para María Rivera Vega.

Dana Harris Castillo

Su abogado, Arturo Sauri, señaló que su defendida, Dana Harris, exsecretaria del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) no mantiene relación con el Banco de Andorra, por lo que toda la circulación y administración de los activos recibidos en esa jurisdicción pertenecen a su cuñado Andrés Moses, señalando que en la vista fiscal el Ministerio Público no señaló la circulación completa de los activos.

El abogado hizo sus alegatos basado en el propio testimonio de Moses.

Indicó que, es él la única persona que figura como beneficiario de la cuenta en Andorra, aseverando que su clienta no tiene relación con la misma.

Señaló que se debió corroborar que las declaraciones de vinculación que hizo Moses contra su cuñada se pudiera tratar de una venganza o para adquirir un beneficio en su condición de detenido, quien suscribió un acuerdo de pena, devolviendo el 30% de los dineros que recibió y beneficiándose con una pena de 42 meses de prisión reemplazable.

"El señor Andrés Moses recibe 3 millones 50 mil dólares en Andorra y devuelve el 30 % de lo circuló en activo, ese es el mensaje que se le manda a la opinión pública, que el crimen paga. Ese es el mensaje que estamos enviando cuando se firma acuerdo de colaboración con personas que manipulan la verdad y lo que hacen es burlarse del sistema de justicia", aseveró.

Dicho lo anterior, el abogado solicitó sobreseimiento para Dana Harris por, según él, no haberse logrado constituir un delito en su contra.

Carlos Duboy

Posteriormente, Sauri solicitó la prescripción de la acción penal y en caso tal que no se conceda el sobreseimiento para su defendido Carlos Duboy, exministro de Obras Públicas, dijo que el delito imputado tiene un intervalo penal de 5 a 12 años, considerando que a la fecha han transcurrido 13 años y 11 meses, por lo que se permite decretar la prescripción de la acción penal.

El abogado hizo referencia a varios análisis que apoyan la moción, entre ellas, el estado de inocencia durante la investigación y el proceso hasta que sea declarado culpable, de igual manera presentó otros casos donde se ha concedido la prescripción de la acción penal.

Tras estas argumentaciones, para sustentar la prescripción de la acción penal, Sauri, no desaprovechó el momento para tratar de justificar las transacciones recibidas por su cliente Duboy, asegurando que la imputación desatiende el contexto histórico, porque en el 2008 Odebrecht era catalogada una de las mejores empresas constructoras en América con una prestigiosa reputación que cualquier persona hubiese querido hacer negocios con ella.

Destacó que a su defendido se le está investigando como funcionario, pero él no desempeñaba ningún cargo, pues los hechos fueron cuando era subtesorero del partido Panameñista en 2008 y posterior a esto no tuvo contacto con la empresa Odebrecht, asegurando que Duboy solo recibió donaciones para la campaña política de ese periodo, cumpliendo con su papel como subtesorero. 

Mientras que Carlos Carrillo, defensor de Angelina Balero, Marcos Games, Alexander Castellanetas y Franco Castellanetas, inició sus alegatos asegurando que Panamá no tenía competencia para iniciar la investigación, paralelamente se presentaron dos querellas, entre ellas la de Alvin Weeden donde se menciona a una serie de empresas, pero no se mencionan a sus representados.

Destacó que no es posible que se constituyan fiscalías posteriores a los hechos e invocó el principio de convencionalidad de que el tribunal se constituyó posterior a los hechos. Dijo que basa su primera parte de argumentos en que el Estado debe informar al acusado, no solo la causa de la acusación, sino las razones que llevan al Estado a formular la acusación, los fundamentos probatorios y la caracterización legal que se le da a los hechos. 

Pidió el sobreseimiento de sus defendidos toda vez que no se les logra vincular al hecho punible que se les invoca, ni ningún otro hecho punible por el que se les haya vinculado. 

Michelle Lasso

El abogado Johan Barrios, representante legal de Michelle Lasso, quien participó como firmante de la sociedad Poseidón Enterprise por solicitud de su padre Jaime Lasso que admitió que recibió fondos en la cuenta en concepto de donaciones a la campaña política del partido Panameñista.

Barrios recordó que la decisión de llamamiento a juicio no es automática, ya que el tribunal debe valorar las pruebas, por lo que pidió descartar las insinuaciones de la Fiscalía y el abogado querellante durante sus alegatos, pero rescató lo que ha dicho este último de que Michel Lasso es inocente y no debe ser llamada a juicio.

Rescató que no todo el dinero que provenía de la caja 2 de Odebrecht era ilícito, pues también se nutría de dineros de procedencia lícita, por lo que pidió al Tribunal revisar el informe de auditoría forense suscrito por un perito, que contrasta directamente con las afirmaciones que hace la Fiscalía en su vista fiscal.

Aclaró que contrario a lo indicado por la Fiscalía, que entre los años 2008-2014 recibió hasta 11 millones de dólares, el perito contable estableció, basado en los documentos aportados a la fiscalía por Jaime Lasso que no se trata de 11 millones, sino de 6 millones 660 mil 150 dólares con 26 centavos, indicando que hay una discrepancia enorme de 5 millones de dólares que fue aclarada por Jaime Lasso.

Al igual que otros abogados, Barrios señaló que, en aquellos años, cuando se dieron los hechos, cualquier persona quería hacer negocios con Odebrecht por la gran reputación que tenía.

Sostuvo que Michelle Lasso no podía saber de dónde provenían los dineros, asegurando que su padre sustento que todo fue gastado en la campaña del partido Panameñista, por lo que pidió el sobreseimiento de su cliente, ya que, no conocía de dónde provenían los fondos. Además, agregó que la fiscalía debe probar que Michelle Lasso conocía la ilicitud y no aplicarle la inversión de la carga de la prueba. 

Juan Carlos Varela

El abogado Erasmo Muñoz pidió sobreseimiento definitivo para el expresidente Juan Carlos Varela y la desestimación del delito contra la administración pública, porque según e jurista, no fue indagado por esa conducta delictiva.

Muñoz argumentó que la Fiscalía no es el ente competente para investigar a Varela y deben ser el Tribunal Electoral o la Corte Suprema de Justicia las instituciones que ejecuten esa labor, en virtud de la prerrogativa funcional que mantiene hasta el primero de julio de 2024.

Se sustentó que Varela fue investigado siendo presidente del país y su hermano siendo diputado lo cual establece un abuso de la competencia por parte del “ministerio fiscal”.

Explicó que los presidentes al cumplir su mandato tienen el derecho de ser diputados del Parlacen. "Nuestro representado al ser un diputado (del Parlacen) por derecho propio que lo único que no ha hecho es activar sus derechos administrativos pero mantiene una prerrogativa funcional hasta hasta el primero de junio de 2024 como diputado" indicó Muñoz.

Por su parte, el defensor Orison Cogley, subrayó que la Fiscalía utilizó conceptos un tanto irrespetuosos, entre ellos, el referirse a las 7 indagatorias que realizó Varela como un argumento vergonzoso.

Reafirmó que Varela no sabía que Odebrecht estaba ligada a ilícitos y solamente recibió una donación para su campaña política. “El dinero se recibió en cuentas políticas no en personales

Igualmente dijo que las argumentaciones del Ministerio Público están totalmente equivocadas, pues en el caso de las donaciones que recibió Varela no se di0 ninguna de las fases del blanqueo de capitales parque no hubo introducción de dinero sucio, no hubo estratificación porque lo único que se hizo fue pagar cuentas y mucho menos hubo integración o retorno del dinero.

Joao Santana y Mónica Moura

El fiscal Superior Anticorrupción, Mahmad Daud Hasan detalló la vinculación de Joao Santana y Mónica Moura en caso Odebrecht, quienes suscribieron a través de su empresa Polis América S.A., un contrato de prestación de servicios de consultoría en publicidad y mercadeo suscrito, el 1 de mayo de 2013, con el Partido Cambio Democrático .

En tanto el contrato de mandato permito el manejo de fondos y aportó fondos millonarios que fueron utilizados en la campaña política del entonces candidato presidencial por CD, José Domingo Arias,

“La campaña presidencial del partido CD recibió directamente dinero de sobornos a través de estas dos pernas [Joao Santana y Mónica Moura]”, recalcó Hasan.

La Sociedad Cine&Art se utilizó para proceder a justificar los pagos ilicitos de la caja dos que entraron a la campaña de Arias.