Decretan medidas cautelares distintas a la detención para trabajadores que participaron en protestas

Ciudad de Panamá/La juez Luzmila Jaramillo, estableció las medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida de la provincia en la que residen a los 83 trabajadores que fueron imputados por los hechos violentos registrados en la protesta de la Avenida Balboa el pasado 12 de febrero.

Los trabajadores deberán presentarse cada 15 días a firmar, no podrán salir de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, sitios en los que reportaron su residencia. Además, tienen prohibido acercarse a las víctimas.

De acuerdo con la información, la jueza consideró que no había vinculaciones; fortalecidas contra los señalados, por lo que otorgó dichas medidas, pero dijo que hay delitos graves como incendiarismo y contra la vida de los servidores públicos que deben ser investigados.

Al consultarle a los abogados de los trabajadores si apelarían la decisión de la juez, estos dijeron que no; sin embargo, la Fiscalía manifestó que sí lo hará.

En tanto, si estos ciudadanos violan las medidas, podrían verse sometidos a un cambio de medida cautelar a detención preventiva.

Durante la audiencia también se hizo referencia a los daños reportados por la empresa que construye el nuevo Hospital del Niño, epicentro de la protesta, por más de un millón, y los 17 oficiales de la policía que resultaron heridas, lo que para la jueza debe ser investigado.

Desarrollo de la audiencia

Para este sexto día de audiencia, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Luzmila Jaramillo, siguió escuchando los argumentos de las últimas cinco defensas particulares, como parte de la sustentación de solicitudes de medidas cautelares personales para los 83 imputados, por su presunta participación en los enfrentamientos ocurridos el pasado 12 de febrero entre obreros de la construcción y la Policía Nacional en la avenida Balboa.

Pasado el mediodía, culminadas las solicitudes de medidas cautelares por defensores particulares, a eso de la 1:30 p.m. la jueza Jaramillo decretó un receso hasta las 2:30 p.m.

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Todos los defensores de los señalados han pedido medidas más flexibles que las que ha solicitado el Ministerio Público.

El Ministerio Público ha solicitado la imputación de los siguientes delitos:

• Contra los servidores públicos.
• Contra la seguridad colectiva.
• Contra el patrimonio económico (daños).
• Contra la libertad individual.
• Contra la vida e integridad personal (lesiones personales).

Además, ha solicitado la restricción de la libertad de los 83 aprehendidos, sustentando que se requiere la restricción de la libertad, por la posibilidad de intentos de fuga, destrucción de pruebas, o porque pudiesen representar peligro para la comunidad, las víctimas o sus familiares.

En esta audiencia, el Ministerio Público está representado por las fiscales Elizabeth Carrión, Yenibeth Barraza e Yina Días de Gracias, mientras que la defensa de los imputados está a cargo de 19 abogados particulares.

Debido al gran número de personas presentes, la audiencia de control de solicitudes múltiples se lleva a cabo en el Centro de Formación y Recreación (Cefre) de la Caja de Seguro Social.

Con información de Heady Morán.