Imputan cargos por cinco delitos a 83 detenidos tras disturbios en avenida Balboa, audiencia continuará mañana

Ciudad de Panamá, Panamá/La audiencia de garantías seguida a 83 personas detenidas durante los enfrentamientos en avenida Balboa entre trabajadores de la construcción y la Policía Nacional prosiguió este sábado 15 de febrero a las 9:00 a.m. en el Centro de Formación y Recreación (Cefre) de la Caja de Seguro Social, ubicado en Las Cumbres, bajo la dirección de la jueza Luzmila Jaramillo.

La sesión de hoy se centró en la presentación formal de imputación de cargos, tras haberse legalizado ayer viernes la aprehensión de los detenidos. Para horas de la tarde, se pudo conocer que la jueza Jaramillo dio por presentados los mismos.

La decisión sobre las medidas cautelares que tendrán los ahora imputados se retomará mañana, domingo 16 a las 9:30 a.m. Estas podrían variar desde la firma semanal hasta la detención provisional, según lo que determine la autoridad judicial competente.

Fiscalía pide imputación por seis delitos

El Ministerio Público, representado por las fiscales Elizabeth Carrión, Yenibeth Barraza y Gina Díaz De Gracia, solicitó la imputación por cinco delitos:

• Contra los servidores públicos
• Contra la seguridad colectiva
• Contra el patrimonio económico (daños)
• Contra la libertad individual
• Contra la vida e integridad personal (lesiones personales)

Según el informe fiscal de 44 páginas, los disturbios dejaron 19 personas heridas, dos de ellas hospitalizadas. Un lesionado presenta una incapacidad de 45 días, tres tienen incapacidades de 25 días y el resto oscila entre 5 y 10 días.

La Fiscalía indicó que, entre las evidencias, cuentan con videos de cámaras policiales y municipales, donde se observa el lanzamiento de objetos contundentes desde las alturas, además de informes del Instituto de Medicina Legal y del Cuerpo de Bomberos sobre un incendio ocurrido durante los hechos.

Defensa cuestiona 'falta de elementos de convicción'

La defensa de los detenidos, la cual está a cargo de 21 abogados particulares, sin embargo, cuestionó la falta de elementos de convicción que vinculen directamente a los acusados con los hechos. Los defensores de estas personas argumentaron que no se especificó el grado de autoría de los detenidos y sugirieron que el incendio pudo ser causado por las bombas lacrimógenas utilizadas por la policía. Ante estos señalamientos, el Ministerio Público aclaró que los detenidos están siendo procesados por complicidad, no por autoría directa.

Entre las pruebas recabadas por la entidad, indican que figura el testimonio de un contratista que denunció actos vandálicos dentro del proyecto por parte de personas identificadas como miembros de un grupo sindical, así como declaraciones de personal administrativo que aseguró haber sido retenido contra su voluntad.

Los fiscales también destacaron que mantienen testimonios sobre incidentes violentos que incluyeron el lanzamiento de objetos contundentes como trozos de hierro, puertas y varillas. Según las autoridades, los presuntos responsables se negaron a abandonar el lugar pese a los requerimientos de la Policía Nacional.

Felipe Cabezas, abogado de un grupo de trabajadores detenidos, declaró a TVN Noticias su descontento con la forma en que se han formulado los cargos, asegurando que, a pesar de que las audiencias han sido individualizadas, las 83 personas arrestadas enfrentan exactamente las mismas acusaciones.

Además, señaló que, aunque una de las acusaciones es por incendiarismo, los peritajes del propio Ministerio Público no encontraron indicios de materiales inflamables como cerillos, encendedores o gasolina en posesión de los acusados. Cabezas también cuestionó la supuesta simultaneidad de los arrestos, calificándola de "imposible". Según él, la versión oficial indica que todas las detenciones ocurrieron a la misma hora, lo que considera inverosímil.

El abogado también cuestionó la falta de precisión en las acusaciones sobre privación de libertad, en donde la fiscalía ha mencionando que entre los afectados se encuentra una mujer embarazada de alto riesgo. Para el defensor legal, no basta con que alguien declare haber sido privado de su libertad sin identificar a los responsables, a su vez que no se puede culpar a 83 personas por el mismo delito sin pruebas individuales.

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Concentración de familiares

Desde tempranas horas, familiares de los detenidos se congregaron en las afueras del Cefre, donde se ha establecido un grupo de asistencia legal y administrativa para brindarles apoyo. Algunos familiares informaron que lograron entregar ropa y artículos personales a los detenidos en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), mientras otros debieron hacerlo en las instalaciones del Cefre.

Según el equipo legal, los detenidos fueron distribuidos en varios centros durante horas de la noche. Sin embargo, la queja radicó en que hasta el día de ayer se contabilizaban 19 abogados en el caso. Hoy, con la incorporación de nuevas defensas, algunos profesionales del derecho denunciaron la existencia de ciertos obstáculos que se les estaban imponiendo, una situación que dificultaba su participación en el proceso.

Para horas de la tarde del 14 de febrero, el Ministerio Público informó que se legalizó el allanamiento excepcional realizado en la obra en construcción del Hospital del Niño, epicentro de los acontecimientos. Es importante destacar que el jueves 13 del presente mes, más de 400 personas fueron llevadas a la Casa de Paz de Calidonia, donde recibieron sanciones administrativas y monetarias, aunque algunos fueron liberados sin cargos.

Entre los 83 detenidos que permanecen en el proceso, se encuentra una sola mujer. La jueza a cargo del caso señaló previamente que la audiencia podría extenderse por varios días, considerando el elevado número de personas procesadas. Los detenidos cuentan con representación tanto de la defensa pública como de abogados privados.

La audiencia, que originalmente estaba programada para realizarse en el Sistema Penal Acusatorio, fue trasladada al CEFRE por motivos de espacio, donde también se movilizaron los equipos de prensa para dar cobertura al proceso judicial.

Con información de Elizabeth González y Heady Leane Moran