Gobierno apuesta a debilitar las organizaciones criminales con Ley de Extinción de Dominio

Una ley de orden público e interés social, que tiene como objetivo la perdida a favor del Estado de todos aquellos bienes, productos y dineros provenientes del narcotráfico y delitos conexos, es como describe, el secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs, la normativa de Extinción de Dominio, herramienta con la que el gobierno apuesta combatir el crimen organizado.

Según Riggs, a través de una mesa técnica conformada por el Ministerio de Seguridad Pública, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y de Economía y Finanzas, buscan por medio de este instrumento jurídico Legal, afrontar todos aquellos bienes que sean obtenidos de manera ilícita, es decir, en contra del derecho que las personas simulan tener sobre bienes que carecen de legitimidad y protección constitucional.

Por medio de este mecanismo, explica, se debilita el músculo financiero de las organizaciones criminales, que buscan promover el desasosiego en la sociedad.

Riggs, destacó que por medio del crimen organizado se financia la corrupción, incorporación de personas simulando que obtendrán recursos para poder subsistir, movilizarse de sectores de difícil convivencia, es por ello que promueve esta norma para debilitar la estructura financiera, quitándoles el recurso, con el que además se paga el sicariato y nuevos elementos para continuar con actividades ilícitas.

De acuerdo con el funcionario, los dineros que resulten producto de la puesta en marcha de la Ley, serían destinados para obras de interés social tales como: creación de escuelas, desarrollo de programas de planes de prevención y todos aquellos mecanismos destinados a minimizar la incidencia criminal.

Actualmente, el proyecto incorporado en la Asamblea Nacional como el 625, se encuentra en espera de discusión en la Comisión de Gobierno Extinción de Dominio y bajo la oportunidad de que se genere un debate y posteriormente pueda incorporarse a la legislación panameña, de tal forma que los estamentos de seguridad, en conjunto con el Ministerio Público y la administración de justicia puedan hacer su labor, minimizando la capacidad de expansión de las organizaciones criminales, destacó Riggs.