Asamblea recibe derogatoria de leyes de incentivos al turismo

La tarde de este lunes 1 de agosto, el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro Boyd, presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que deroga las leyes 314 y 122, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística.

Estas leyes fueron cuestionadas desde el principio por conceder un crédito fiscal desde un 100% a un 60% por las sumas invertidas en bonos, acciones e instrumentos financieros emitidos por empresas turísticas, enfocadas en el desarrollo de proyectos fuera del distrito de Panamá.

Además, el proyecto de ley permitía acortar el periodo del incentivo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2024 (hoy es hasta 2025) y se limita a los destinos o áreas de interés turístico, fuera del distrito de Panamá.  

Desde que el presidente Cortizo anunció en junio pasado la sanción sobre esta cuestionable ley, más de 40 proyectos iniciaron su proceso de certificación para aplicar a los incentivos fiscales, por un total de B/.2,940 millones, distribuidos en diferentes regiones del interior del país.

“Drenaje de fondos públicos”

La Ley original se publicó en Gaceta Oficial el 31 de diciembre de 2019, en plena víspera de año nuevo. Un regalo más que deseado para cualquiera que quiera tener garantizada la recuperación de su inversión. Los “incentivos fiscales turísticos” son tan atractivos como inéditos: por primera vez un crédito fiscal se extiende a “inversionistas en empresas turísticas”, es decir, cualquier persona natural o jurídica que compre bonos, acciones y cualquier otro instrumento financiero que emita la empresa turística beneficiada.

"Aparte del 100% del crédito fiscal a la inversión, lo verdaderamente inédito en esta ley, es que el inversionista puede vender o “ceder” el crédito fiscal total o parcialmente “independientemente de si ha transferido o no lo bonos, acciones o instrumentos financieros”. Esto se traduce en la transformación a dinero real de un “incentivo fiscal”, es decir, que el Estado (es decir, fondos que pudieron ser destinados a educación, salud, etc.) no solo dejaría de recibir impuestos para incentivar la construcción turística, sino que quienes compren los instrumentos financieros podrán eventualmente obtener dinero por venderlos. Todo un nuevo nivel de estímulo por parte del gobierno. Drenaje de fondos públicos”, en palabras de Arias, el jurista que demandó ante la Corte la primera ley que introdujo estos incentivos.

Rechazada desde la cuna

El cuestionamiento sobre la decisión del Ejecutivo de dar millonarios incentivos fiscales a un sector particular del turismo generó polémica y rechazo por parte de numerosos gremios, sindicatos y sociedad civil del país.

Antes de que estallara la crisis social que desembocó en protestas y cierres de calles, un grupo de 18 panameños entre los que se destacan el exministro Mario Galindo, el arquitecto Ricardo Bermúdez, el perredista Francisco Sánchez Cárdenas, el abogado Ricardo Alberto Arias, la exministra Leonor Calderón; entre otros, firmaron una carta en mayo pasado en la cual pidieron al presidente Cortizo abstenerse de sancionar el proyecto de ley.

“Lo que no dicen los promotores de este proyecto de ley es que el otorgamiento de tales créditos fiscales equivale a que el Estado, es decir, todos los ciudadanos, sufragamos el costo de las inversiones turísticas que estos lleven a cabo, pero solo estos inversionistas se benefician de las mismas. Esto, solo y de por sí, es un abuso a la ciudadanía, por no llamarlo de otra forma más apropiada”, destaca la carta que hasta el momento se desconoce si ha tenido respuesta por parte del Jefe de Estado panameño.

La crisis social obligó a derogar las leyes

Ante el clamor social, el presidente Laurentino Cortizo, anunció el 21 de julio de 2022 la orden para la derogatoria de las leyes 122 y 314. En un comunicado a la nación que pretendía ente otras cosas, calmar el descontento social producto del alto costo del combustible, la canasta básica, la corrupción rampante y la nula austeridad que ha mostrado el gobierno durante pandemia, Cortizo instruyó al ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro, para que presentara un proyecto de ley para la derogatoria de las polémicas leyes.