Comisión de Gobierno prohijaría esta semana propuesta sobre amnistía, indulto, delito político y libertad condicional

Panamá/Pese a los cuestionamientos y al rechazo de varios gremios, esta semana la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional estaría prohijando la propuesta que establece disposiciones sobre amnistía, indulto, reducción de penas y concesión de libertad condicional. Así lo anunció el presidente de esa instancia, el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, quien señaló que aún no tienen una fecha exacta para la reunión en la que solo participarían los nueve diputados que conforman esa comisión.

El proceso de prohijamiento consiste en que la Comisión acoge las propuestas presentadas, y se lleva a cabo con una reunión entre los nueve diputados de la Comisión. En ese sentido, el diputado no descartó que sus dos iniciativas sean prohijadas: una relacionada con la creación del delito de prevaricato para jueces y fiscales, y la otra que dicta disposiciones sobre amnistía, indultos políticos y libertad condicional.

"La otra semana la Comisión va a prohijar algunos proyectos. Hay que elevarlo como proyecto (...)" ¿para la próxima sema a se va a prohijar este proyecto?, se le repreguntó.

Si los diputados lo aprueban así se hará, yo voy a pedir que se hagan. Recuerden algo, yo soy el presidente de la Comisión y el presidente define lo que se incorpora a la agenda. Yo no voy a meter solo este proyecto también el del prevaricato", respondió

También estaría en la agenda para ser prohijada una propuesta ciudadana que intenta penalizar el cierre de calles, que ha llamado la atención de los ciudadanos, así como otras iniciativas para reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal.

La Comisión de Gobierno, que tiene una agenda de unas 23 propuestas de ley, está conformada además de Camacho por:

• Ariel Vallarino (vicepresidente),
• Francisco Brea (secretario),
• José Pérez Barboni,
• Roberto Zúñiga,
• Didiano Pinilla,
• Orlando Carrasquilla,
• Crispiano Adames y
• Raúl Pineda.

Rechazan propuesta

Específicamente, ciudadanos, diputados y organizaciones han cerrado filas en rechazo a la iniciativa sobre disposiciones para amnistía e indultos, así como a la penalización del cierre de calles.

Camacho defiende su propuesta argumentando que él no presentó una iniciativa sobre amnistía en términos generales. “El anteproyecto que yo presenté regula varias cosas…”, dijo a este medio.

El diputado se describe a sí mismo como “el amigo fiel” del expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde febrero pasado y sobre quien pesa una condena de más de 10 años de prisión por el caso New Business. Además, es uno de los diputados que han manifestado públicamente su desacuerdo con los casos judiciales en su contra, abogando por su liberación y la apertura de nuevas investigaciones a su favor.

Para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo Panameño de Transparencia Internacional, la propuesta del diputado busca "generar impunidad". Además, llamó a todos los sectores políticos y a la ciudadanía en general a oponerse a esta iniciativa que “debilitaría la separación de poderes, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, ya que, al legislar para favorecer a una sola persona, se abre la puerta a otros infractores”.

Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) considera que la iniciativa abre "una peligrosa ventana" que podría permitir la liberación de exfuncionarios condenados por corrupción, lo que representaría un grave retroceso en la lucha contra la impunidad.

Permitir que exfuncionarios evadan sus condenas no solo socava la confianza pública, sino que también pone en riesgo el orden legal y la justicia en nuestro país, erosionando aún más la transparencia en la gestión pública", plantearon en un comunicado.

A juicio de Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino, la estructura jurídica planteada en la propuesta es el mecanismo que allana la presentación de una propuesta de amnistía e indulto y una reducción de penas. “Lógicamente no es amnistía ni tampoco indulto, pero eso vendría después”, advirtió.

Cedeño señaló que la propuesta parece inconveniente y tiene visos de inconstitucionalidad, ya que viola el bloque de constitucionalidad, doctrina que sostiene que, además de la Constitución, otros elementos jurídicos están dentro de la Carta Magna, como la jurisprudencia. Esto manifiesta que un indulto debe ser a favor de los condenados y que la iniciativa ampliaría la calificación del delito político.

También indicó que se intenta romper la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en lo concerniente a la reducción de penas, ya que varía la estructura de que el condenado no necesariamente tiene que estar en una cárcel, sino que se pueden computar medidas cautelares distintas a la prisión.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino también se ha pronunciado al respecto. "Esa ley de la amnistía yo no la conozco, ayer llegó a mis manos por primera vez el borrador; la estudiaré; eso no tiene mi consenso, ni mi aceptación, ni nada que se parezca. La estudiaré como corresponde, como abogado que soy, reiterando algo que es bien importante, yo actuaré en función de la ley, y con todos los recursos que la ley me permita como presidente de la República para valorarla en el tiempo, en el evento de que la Asamblea de Diputados continúe avanzando en la misma”.

¿Qué dice la propuesta?

La propuesta presentada define la amnistía como “una gracia que beneficia a toda persona vinculada a un delito político, cuyo otorgamiento es privativo del Órgano Legislativo y que extingue la acción penal y la pena”.

Señala, además, que el indulto es una causa de extinción de la acción penal y la pena, como ocurría anteriormente. De acuerdo con lo leído por el diputado, el indulto es de “carácter individual” y su potestad corresponde al presidente de la República en ejercicio, quien definirá cuándo la situación es realmente de orden político.

Asimismo, plantea que el delito político se dará, entre otras cosas, "según lo dispuesto en convenciones aprobadas por Panamá, cuando se haya reconocido y/o declarado la condición de perseguido político del procesado, enjuiciado o sentenciado por parte de organismos internacionales o sedes internacionales que tales convenciones u otras leyes de Panamá establecen, o cuando, en el caso de asilo político, una sede asilante conceda que se está ante la figura de delincuencia política, como lo define actualmente la Convención Política de Montevideo".

Lea aquí la propuesta: