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Asamblea avala convenios internacionales en materia legal con Francia y Suiza
La Asamblea ratificó los primeros convenios del quinquenio. Se trata de documentos suscritos por el Gobierno en materia penal y otro en el ámbito de cooperación mundial para combatir la pesca ilegal en alta mar debido al peligro que representa para la conservación humana.
Ciudad de Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, tres convenios internacionales, dos en materia penal y uno para conservar la diversidad biológica, combatiendo la pesca ilegal en alta mar. Los dos primeros con Francia y Suiza, en tanto, el tercero con las Naciones Unidas.
Se trata del proyecto de Ley 66, por el cual se aprueba la Asistencia Legal Recíproca en Materia Penal entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República Francesa.
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Establece que ambos países se comprometen a brindarse asistencia legal mutua, lo más ampliamente posible, en todos los procedimientos relativos a delitos penales, cuya sanción competerá a las autoridades judiciales, de la parte requirente, al momento de solicitar el intercambio.
Por otra parte, está el proyecto de Ley 65, por el cual se aprueba el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal entre la República de Panamá y la Confederación Suiza.
Este acuerdo tiene como objetivo que las partes contratantes se comprometan a prestarse, mutuamente, asistencia judicial en materia penal en todas las investigaciones, procesos o procedimientos concernientes a delitos.
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Por último, está el proyecto de Ley 64, por el cual se aprueba el Acuerdo en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar Relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional, adoptado en Nueva York, el 19 de junio de 2023.
Este acuerdo, del cual Panamá se convierte en la nación nueve que da su aval a este instrumento legal, y que es conocido también como el Tratado de Alta Mar, tiene por objeto cerrar lagunas legales y crear nuevas oportunidades para la acción colectiva en la gobernanza de las áreas oceánicas, fuera de la jurisdicción de los países contratantes.
