Los temas de la Comisión de Gobierno: Desde amnistía e indultos hasta penalizaciones por cierres de calles

Panamá/La Comisión de Gobierno, que se instaló hace siete días, tendría una de las agendas más polémicas de la Asamblea Nacional. Los intensos debates estarían marcados por propuestas presentadas tanto por el presidente de esa instancia, el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, como por algunos ciudadanos.

A la fecha, de acuerdo con datos de la Asamblea, unas 23 iniciativas, incluyendo las de participación ciudadana, forman parte de la agenda de la Comisión de Gobierno. Sin embargo, son las iniciativas relacionadas con el prevaricato para jueces y fiscales, así como el otorgamiento de amnistía, indultos políticos, libertad condicional y la penalización de los cierres de calles, las que han llamado la atención de los ciudadanos.

Desde antes de que se juramentara como presidente de la Comisión, Camacho ya había sorprendido con un anteproyecto que incluía el prevaricato para jueces y fiscales del país. Lo hizo el pasado 8 de julio, en medio de las destituciones y renuncias de fiscales en el Ministerio Público, que aún no han sido esclarecidas. Voces se alzaron señalando que se trataba de un pase de factura, pero el diputado lo negó.

“Este no es un anteproyecto que busca venganza, porque lo que aquí se adiciona no puede ser aplicado de manera retroactiva", dijo aquel día desde el pleno.

Camacho es uno de los diputados fieles al expresidente Ricardo Martinelli, que públicamente han manifestado su desacuerdo con los casos judiciales en su contra y con los de figuras de su círculo cercano, que también mantienen procesos e investigaciones judiciales andando. El diputado aboga por la liberación de Martinelli y la apertura de nuevas investigaciones a su favor.

En el caso del prevaricato, la modificación al Código Penal intentaría un cambio específicamente al artículo 389 de la norma, que establece sanciones a abogados que, mediante acuerdo con la contraparte o por otro medio fraudulento, conspiran contra los intereses de su cliente o apoderado.

Ayer lunes, Camacho presentó una nueva iniciativa, esta vez, para otorgar indultos, reducir penas, conceder amnistía y ofrecer libertad condicional. La moción reforma el Código Penal y el Código Procesal Penal.

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La propuesta, por ejemplo, define la amnistía como “una gracia que beneficia a toda persona vinculada a un delito político, cuyo otorgamiento es privativo del Órgano Legislativo, y que extingue la acción penal y la pena”.

Además, señala que el indulto es una causa de extinción de la acción penal y la pena, como ocurría anteriormente. Según lo leído por el diputado, el mismo es de “carácter individual” y su potestad corresponde al presidente de la República en ejercicio, quien definirá cuándo la situación es realmente de orden político.

Deja claro que el delito político se dará, entre otras cosas, "según lo dispuesto en convenciones aprobadas por Panamá, cuando se haya reconocido y/o declarado la condición de perseguido político del procesado, enjuiciado o sentenciado por parte de organismos internacionales o sedes internacionales que tales convenciones u otras leyes de Panamá establecen, o cuando, en el caso de asilo político, una sede asilante conceda que se está ante la figura de delincuencia política, como lo define actualmente la Convención Política de Montevideo".

El diputado que invitó a sus colegas de la Comisión de Gobierno, a analizar el tema alejados de las presiones mediáticas indicó que "lo más importante es la definición que nos corresponde a nosotros, a la Asamblea Nacional, no al órgano Judicial en medio de cualquier fallo, porque si bien los magistrados de la Corte tienen iniciativa legislativa, ellos no pueden legislar a través de sus fallos…”

Los cierres de calles

Otra propuesta que pretende dar lugar a un álgido debate es la presentada por el abogado Enzo Polo, que plantea un aumento de penas para quienes cierren calles e impidan el libre tránsito, sobre todo en la vía Panamericana. Polo considera que siempre ha existido la “necesidad latente de décadas de tipificar como delito el cierre de calles, autopistas, carreteras, puentes, túneles y otras rutas de tránsito”.

En la propuesta se destaca un cambio total al artículo 170 del Código Penal, que trata sobre delitos contra el libre tránsito, la libertad de reunión y de prensa, para establecer que “quien ejecute cualquier acto que ponga en peligro o impida el libre tránsito de vehículos a motor sobre la carretera Panamericana, será sancionado con prisión de 10 a 15 años. Si del hecho resulta algún daño que impida el normal funcionamiento de la vía, la pena será de 20 a 30 años de prisión”.

Polo explicó a TVN-2.com que “no se trata de penalizar en sí la protesta, que es un derecho constitucional, sino modificar los tipos penales relacionados con los abusos que se dieron a finales de 2023”.

Precisamente, el proyecto sería polémico de acuerdo con algunos diputados de la Comisión de Gobierno y ciudadanos por la delgada línea entre un derecho ciudadano y los abusos que se puedan dar en un cierre de calle.

Las reacciones

En ese sentido, el diputado panameñistaFrancisco Brea indicó a este medio que “en ningún contexto estaré de acuerdo en criminalizar a los manifestantes, quienes, al levantar su voz y salir a las calles, lo hacen para luchar por sus derechos y exigir respuestas a las problemáticas, como ocurrió en 2022 con el alto costo del combustible y en 2023 con las manifestaciones en contra del contrato minero”.

Recordó que, en 2010, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una modificación al Código Penal que buscaba sancionar a los manifestantes. El diputado dejó claro que aún no ha analizado la propuesta, pero que “una vez lo tengamos, entenderemos mejor qué otras modificaciones conllevan”.

Camacho confirmó que la propuesta se encuentra en la Comisión y que la debatirá como cualquier iniciativa que llegue a la Asamblea.

Desde la sociedad civil hay quienes creen que el debate debe darse. “Si solo se refiere a la Panamericana, creo que es un error. Si abarca las vías del país, entonces creo que tenemos un tema”, manifestó Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa y miembro del Foro Ciudadano.

Por su parte, Candy Chen, de la Fundación Ciudadana, manifestó que la propuesta de ley genera preocupaciones significativas, principalmente porque restringe la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Aunque dijo que “entendemos la causa de esta iniciativa y la molestia de muchos panameños también afectados por estas protestas”.

En vez de optar por medidas represivas y criminalizar la protesta, sería más efectivo presentar alternativas que exijan a las autoridades una respuesta obligatoria para el diálogo y la negociación con los manifestantes, resolviendo los problemas (...)".