Asamblea desestima denuncia contra magistrados de la Corte Suprema

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN) desestimó este jueves 12 de octubre una denuncia por supuesto abuso de autoridad, entre otros delitos, presentada contra la directiva de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por miembros de una asociación civil.

La denuncia fue interpuesta por Magaly Castillo y Rafael Candanedo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, contra los magistrados José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, a raíz del nombramiento de personal subalterno de juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial del nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Según los denunciantes, esos nombramientos, cifrados en 600 por los medios locales, se realizaron al margen de la ley, por lo que denunciaron a los Magistrados por "abuso de autoridad, infracción de deberes de los servidores públicos, usurpación de funciones y obstrucción del funcionamiento de un órgano del Estado".

Pero el presidente de la Comisión de Credenciales de la AN, Luis Eduardo Quirós, dijo este jueves que con los nombramientos los magistrados del CSJ "lo que hicieron fue facilitar el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio en algunas provincias en donde se había dilatado su implementación".

"Era fundamental la puesta en ejecución del SPA y, debido a que el tiempo fue muy corto, los magistrados tomaron decisiones en beneficio del funcionamiento de este, prescindiendo del requisito, toda vez que el personal asignado estaba de forma interina. Sin embargo, cuentan con debida formación", dijo Quirós, según informaron medios locales.

Por su parte la activista Castillo rechazó la decisión de los diputados y dijo a medios locales que no descartan acudir a instancias internacionales para denunciar "lo que está pasando" en Panamá, donde se está "violando la Constitución, teniendo a los ciudadanos sometidos a jueces sin estabilidad en sus puestos".

La Ley panameña establece que los magistrados del Supremo solo pueden ser procesados por los diputados, quienes a su vez solo pueden ser investigados y destituidos por el máximo tribunal del país.

El SPA, que se basa en procedimientos orales y busca agilizar los trámites judiciales y reducir los tiempos, se empezó a aplicar en algunas jurisdicciones de Panamá hace más de seis años y el 2 de septiembre de 2016 entró a funcionar en todo el país.

Sustituye al sistema inquisitivo, un procedimiento arcaico y engorroso que, según los expertos, ha violado en más de una ocasión derechos humanos y garantías constitucionales