Repetición Jelou
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Ciudad de Panamá/La discusión en segundo debate del proyecto de ley 724 encendió el debate en el pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta busca aprobar la adenda número 1 al contrato entre el Estado panameño y la Fundación Ciudad del Saber, con el fin de extender la concesión territorial e inmobiliaria hasta el año 2048.
Sin embargo, diversos diputados han expresado su rechazo al régimen de exoneración de impuestos e incentivos fiscales contemplados en el acuerdo.
El debate gira en torno a que las facilidades tributarias benefician no solo a la fundación, sino también a las empresas e instituciones privadas que operan dentro del complejo. El contrato original entre ambas partes venció el pasado 13 de febrero de 2023, por lo que la aprobación de esta adenda resulta clave para la continuidad del esquema actual.
Durante la sesión, el diputado Betserai Richards criticó duramente los cobros que realiza la fundación a entidades públicas como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) por utilizar infraestructuras que pertenecen originalmente al Estado.
El diputado Richards señaló que, pese a que la fundación no retribuye ingresos directos al fisco, la Senacyt debe destinar montos significativos para ocupar dichas instalaciones, lo que a su juicio no representa un costo simbólico. Ante esto, sostuvo que los asesores de la Presidencia debieron garantizar que las instituciones estatales usen estos espacios sin costo alguno.
A estos reclamos se sumaron las observaciones hechas por el diputado Luis Eduardo Camacho y otros miembros del pleno respecto a los privilegios fiscales que incluye el contrato. Entre los puntos más debatidos destacan la exoneración del ITBMS, el perdón de impuestos de importación, la liberación del impuesto de inmueble, así como la exención de tasas, derechos y gravámenes nacionales.
Con información de Meredith Serracín.