Asamblea deroga contrato entre el Estado y empresa portuaria

La Asamblea Nacional (AN) derogó un contrato suscrito en 2015 entre el Estado panameño y una empresa portuaria para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman.

La revocatoria fue añadida en un artículo del proyecto de Ley 53, sobre la apertura de empresas y la regulación de venta de licor en zonas residenciales, aprobado ayer, jueves en tercer debate.

La iniciativa legislativa, propuesta por el diputado perredista Iván Picota, no incluía nada relacionado al contrato con la compañía PSA Panama International Terminal.

El artículo fue añadido a solicitud del también diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Roberto Ayala, del circuito 8-5 en medio de la discusión en segundo debate del proyecto.

El contrato pactado entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la empresa PSA, destaca que la inversión no puede ser menor de $350 millones en áreas de la antigua base naval en Rodman.

El Estado recibiría un canon fijo mensual durante el primer año por $44,400.73, a razón de 14 centavos por metro cuadrado. Este canon tendría un incremento anual de 5%.

El contrato fue suscrito por Roberto J. Linares, en condición de administrador de la AMP, y el representante de la empresa, Robert Ahern. El documento fue aprobado por la Asamblea Nacional el 28 de enero de 2015 y sancionado por el presidente Juan Carlos Varela el 10 de febrero de ese mismo año.

Sociedad civil reacciona

El expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas (Apede), Juan Gabriel González, señaló que lo actuado por el Legislativo "es un franco atentado a la seguridad jurídica" y exhortó al Ejecutivo a vetar el proyecto.

"Derogar un contrato ley entre el Estado y empresa portuaria, de un plumazo legislativo, es un franco atentado a la seguridad jurídica. Que el Ejecutivo no la sancione", escribió en Twitter.

Mientras, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) consideró la cancelación del contrato como "un exabrupto legislativo que atenta contra la seguridad jurídica de las inversiones en el país".

El gremio rechazó "categóricamente" estos actos que ponen en duda las ventajas competitivas que han convertido a Panamá un "centro atractivo para la inversión directa extranjera".

“Exhortamos al Órgano Ejecutivo rechazar esta ley, que a través de este artículo, pone en riesgo una inversión millonaria trascendental para uno de los pocos sectores de la economía que actualmente se encuentra en franco desarrollo,” señaló Inocencio Galindo, presidente de la Cciap, en un comunicado.

“Al tiempo, que cuestionamos la acción del Órgano Legistivo, introduciendo temas ajenos al proyecto de ley en cuestión y sorprendiendo a la ciudadanía con acciones poco transparentes” puntualizó Galindo.

La Cámara Marítima de Panamá condenó la inclusión de la derogatoria en el proyecto. "Acciones como estas son las que afectan la imagen de nuestro país y atentan contra la seguridad jurídica de las empresas que invierten su capital", resaltan en una nota.

Para la organización, estos actos ponen en peligro las inversiones actuales y futuras. Exhortan a la Asamblea Nacional a "enmendar este error".

En tanto, la diputada independiente Ana Matilde Gómez, cuestionó la acción de su colega e hizo un llamado a los asesores legales del Pleno de la Asamblea "a que no se introduzcan en los proyectos materias distintas a las que se debaten o al objeto medular del proyecto en debate".

"Es una vergüenza y como diputada de la República pido disculpas, aún cuando yo leo los proyectos, y no falto al trabajo, no le puedo decir en qué momento el diputado (Roberto) Ayala haya sustentado esa modificación", destacó la parlamentaria, en declaraciones a TVN-2.com.

La diputada exhortó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, a tomar las medidas disciplinarias y correctivas si las hay.

"Reconozco que estas son las acciones que añaden repudio y desconfianza al trabajo de la Asamblea Nacional. Lo peor es que ya incluso hay pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que esos 'camarones' son inconstitucionales", añadió.