Asamblea busca alternativas a dispensa de $60 millones

La modificación a la Ley de Responsabilidad Fiscal y los 60 millones para evitar el alza a la tarifa de la energía eléctrica son los temas que en este momento acaparan la atención entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Presentemos una ley donde podamos revisar este tema con urgencia”, manifestó la diputada Dana Castañeda ante la Asamblea Nacional.

“No debe ser únicamente la opción de la dispensa, creo que podemos buscar mecanismos y contención del gasto público”, señaló la presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego.

En vez de dar luz verde a la llamada dispensa fiscal solicitada por el gobierno, plantean revisar las partidas presupuestarias no ejecutadas de los ministerios para reunir los 60 millones de dólares para evitar el aumento a la tarifa. Sin embargo, para los expertos no se puede negar el debate político que genera la solicitud del Ejecutivo.

“Ya algunos partidos están en sus procesos de elecciones primarias. Es un ambiente especialmente cargado políticamente. Confío en que tendremos la madurez política para que no se rompa la soga”, opinó el economista Domingo Latorraca.

Son los diputados los que definen si este es un tema financiero o de confrontación política entre ellos y el Ejecutivo.

“Se están perdiendo empleos, se están cerrando empresas. Sería tapar el Sol con una mano, pero no podemos darle un cheque en blanco al Gobierno Nacional, hay que hacer una discusión sobre el tema”, afirmó el diputado perredista, Leandro Ávila.

La renuencia de los diputados no deja de lado el tema de la suspensión de las partidas 080 y 172, así como las investigaciones que están pendientes debido a las auditorias de la Contraloría.

Para salir del atolladero, la directiva de la Asamblea ha propuesto conservar las partidas regulando su uso mediante reformas al reglamento interno.

“El caso de la partida 080 claramente es inadecuado. Estamos percibiendo que son medidas políticas, no medidas económicas, ni sociales”, dijo el economista, Adolfo Quintero.

Para los empresarios y economistas, la respuesta está en un plan de austeridad y el uso eficiente de los recursos del Estado.

“Este gobierno empezó con 200 mil funcionarios y ya estamos por 233 mil. También se habla de las planillas de los diputados, allí hay mucho dinero que también se puede acompañar”, apuntó Jorge De la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

“Lo que menos se percibe es una política de austeridad que debió darse”, acotó Linares.

Explicaron que la reforma fiscal contempla aumentar el déficit de 0.5% a 1.5%, es decir 600 millones, más los 300 millones de dispensa. Estos dineros se traducen en el incremento de la deuda pública.