Aprueban traslado de partida al Miviot para el pago de indemnización por terreno invadido en La Chorrera

Con 10 votos a favor y ninguno en contra, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional dio luz verde a un traslado de partida por un monto de 1.2 millones de dólares, destinados al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para el pago de indemnizaciones por la expropiación de terrenos en la provincia de Panamá Oeste.

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Tras un primer rechazo, el ministro de Vivienda, Jaime A. Jované, junto a su equipo de trabajo se volvió a presentar ante la Comisión de Presupuesto para explicar con documentación en mano las inquietudes de los diputados y exponer el sustento de dicha indemnización.

El pago corresponde a la finca No. 38283, propiedad de Inmobiliaria Pizón S.A., ubicada en la comunidad de El Progreso, en el distrito de La Chorrera. La expropiación fue ordenada mediante el Decreto Ejecutivo No. 153 del 14 de septiembre de 2021, bajo el argumento de interés social urgente. Esta finca, con una extensión de aproximadamente 76 hectáreas, será destinada al Banco Hipotecario Nacional (BHN) para su uso y administración en proyectos estatales.

El valor estatal estimado del terreno, según un avalúo realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República, asciende a 12.5 millones de dólares.

Cabe recordar que el pasado 27 de noviembre, la Comisión de Presupuesto frenó dicho traslado de partida después de constatar que la inmobiliaria Pinzón, S.A no aparece en el Registro Público como dueña del globo de terreno donde actualmente se encuentran viviendo unas 4,400 familias, las cuales representan a aproximadamente 21 mil personas que invadieron el terreno privado.

En ese momento, Jované explicó que el proceso de indemnización llevaba 24 años en marcha, habiendo comenzado en el año 2000, y que con el traslado se iniciaría el proceso de legalización del mencionado globo de terreno. Sin embargo, los diputados de la bancada independiente Vamos cuestionaron cómo se pretendía indemnizar a una empresa que no aparece en el Registro Público como dueña de la propiedad, sino que, en su lugar, figura el Banco Hipotecario Nacional.

Al respecto, el ministro explicó que el Banco Hipotecario Nacional es dueño de una parte de la finca, ya que el resto [las más de 76 hectáreas] fue dado como garantía por Río Pinzón S.A. a la Caja de Ahorro. No obstante, durante ese proceso, las tierras fueron invadidas.

Propuesta para sancionar invasiones de tierras

Durante la sustentación de este viernes, el ministro Jované destacó que su administración trabaja en la formulación de un proyecto de ley que permita regular y sancionar las invasiones de tierras. El objetivo es dotar al Estado de herramientas legales para actuar de manera más efectiva en estos casos y evitar conflictos sociales derivados de estas situaciones.

El ministro subrayó que una vez las propiedades han sido invadidas, el desalojo se convierte en un proceso complejo, ya que está bajo la jurisdicción de los jueces de paz. Además, indicó que este problema no es exclusivo de Panamá Oeste, sino que afecta a diversas regiones del país.

“Es un tema que debemos abordar con firmeza, porque las invasiones no solo generan un desorden en el ordenamiento territorial, sino también un desafío para la administración de justicia y la planificación estatal”, puntualizó Jované.

Impacto social y legal

Con esta aprobación presupuestaria, el Gobierno busca garantizar el uso adecuado de terrenos para proyectos sociales y atender los conflictos relacionados con la invasión de tierras. Las autoridades confían en que la reglamentación de este fenómeno contribuirá a una mejor gestión territorial y a la prevención de futuras irregularidades.