Aprueban proyecto que sanciona funcionarios que permitan vencimiento de fianzas en obras

Ciudad de Panamá/En tercer y último debate fue aprobado el proyecto de ley 807, por el cual se establecen sanciones penales para aquellos funcionarios y directores de entidades estatales que permitan el vencimiento de las fianzas de cumplimiento y garantía en las contrataciones con el Estado.

Entre las nuevas sanciones aprobadas está la separación de sus cargos, la inhabilitación por ocho años y sanciones penales acarrea a los servidores públicos que permitan el vencimiento de las fianzas de cumplimiento en las contrataciones públicas llave en manos y otras.

 Con una votación mayoritaria de 40 diputados, el marco legal modifica un solo artículo de la Ley 22 de 2006, "que regula la Contratación Pública". En tal sentido, la Dirección General de Contrataciones Públicas y cualquier otra entidad del Estado deberá destituir de su cargo al servidor público que sea responsable cuando favorezca a algún proveedor o conceda información privilegiada en un acto público.

 Igualmente, se destituirá al funcionario cuando incurra en la división de materia por aceptar donativos o cualquier beneficio para retardar u omitir un acto de violación de sus funciones, antes o durante el proceso.

 También por omitir en su debido tiempo o permita el vencimiento, por culpa o dolo, la ejecución de la fianza o multa a los proveedores de bienes y servicios

 Se entiende que esos sujetos de aplicación deberán ser responsables y ejecutar sus funciones que les fueron asignadas más cuando tengan relación con actos de contratación pública de bienes y servicios.

  El diputado Roberto Ayala, proponente de la iniciativa sustenta que cuando sea comprobado la comisión de las faltas el colaborador del Estado será sancionado con la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por ocho años. El Ministerio Público iniciará la investigación de oficio a fin de determinar la responsabilidad penal.

 Ayala agregó que se pondrá un alto al descuido de los servidores público, al igual intercederá para que las aseguradoras jueguen su papel y cumplan con las coberturas de fianzas en los proyectos que han quedado en abandono.