Diputados aprueban en segundo debate proyecto que frena indemnizaciones a altos cargos en empresas estatales

Panamá/Ocho días después de haberlo suspendido, el pleno de la Asamblea Nacional retomó esta tarde la discusión del proyecto de ley 23, con el cual se intenta excluir del pago de indemnizaciones a altos ejecutivos en empresas estatales y lo aprobó en segundo debate.

La propuesta fue aprobada con 56 votos a favor y una abstención.

El debate se inició con un informe de la mesa técnica a la que fue remitido el documento antes de ser discutido en segundo debate. El pasado 12 de septiembre, el pleno remitió a una mesa técnica el documentado.

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Aunque en un principio el proyecto estaba dirigido a excluir del pago de indemnización por despidos, renuncias o mutuo acuerdo a los miembros de juntas directivas, trabajadores de alta gerencia, personal de confianza y cargos de la cadena de mando de alta gerencia, por ser funcionarios de libre nombramiento y remoción por periodos fijos, ahora solo establece que el gerente general, el subgerente y el auditor interno, nombrados conforme a esta ley, al concluir el periodo de su designación o cuando sean reemplazados, “tendrán únicamente derecho a vacaciones proporcionales y décimo tercer mes proporcional conforme lo señala la ley, por su condición de servidores públicos de libre nombramiento y remoción”.

Dicha propuesta incluye lo planteado anteriormente en la Ley 6 de 1997, la Ley 23 de 2003, la Ley 76 de 2010 y la Ley 109 de 2013.

Ariana Coba, diputada panameñista e impulsora del proyecto, aseguró en el pleno que el objetivo de esta iniciativa siempre fue dejar claro a los funcionarios que llegan a estos cargos que son funcionarios de libre nombramiento y remoción, y que no tienen derecho a cobrar indemnización.

En la mesa técnica, dijo la diputada, participaron gremios y otros sectores interesados, y se escucharon sus opiniones. Coba recordó que solo la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) pagó casi un millón en indemnizaciones en la administración pasada.

En esa entidad, por ejemplo, el entonces gerente general, Carlos Mosquera, recibiría una indemnización de $249,195.96.

La iniciativa surge tras la polémica ocurrida a finales del gobierno pasado, cuando varios gerentes, directivos y personal cercano al partido de gobierno recibieron millonarias indemnizaciones mediante acuerdos mutuos, lo que generó el rechazo del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien calificó el acto de "juega vivo".

Lo aprobado

La presente propuesta tiene por objeto establecer las prestaciones laborales de los funcionarios que ocupan el cargo de gerente general, subgerente y auditor interno, al concluir el periodo de su designación o cuando sean reemplazados, por su condición de servidores públicos de libre nombramiento y remoción.

Establece, en las cuatro normas mencionadas anteriormente, que en el tema de las prestaciones, "el gerente general, el subgerente y el auditor interno, nombrados conforme a esta ley, al concluir el periodo de su designación o cuando sean reemplazados, tendrán únicamente derecho a vacaciones proporcionales y décimo tercer mes proporcional conforme lo señala la ley, por su condición de servidores públicos de libre nombramiento y remoción".