Aprueban en 1er debate proyecto que elimina reavalúos
La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó este lunes 12 de enero de 2015 en primer debate, el proyecto de Ley 43, que elimina los reavalúos catastrales aplicados en la administración pasada.
El Proyecto de Ley 43 establece que se derogan y, por tanto, se dejan sin efecto en todas sus partes y de manera retroactiva todas las resoluciones que contienen los reavalúos catastrales realizados por la Dirección de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas.
Al igual, quedan derogados y con efectos retroactivos todas las resoluciones y los edictos que contenían las resoluciones de los nuevos valores catastrales que fueron fijados en los reavalúos practicados en los sectores de Punta Paitilla, Punta Pacífica, Costa del Este, Obarrio, Marbella, Vía España, El Carmen , Coco del Mar, Altos del Golf y en las áreas de playas.
La propuesta, antes de su aprobación, fue sometida a un largo periodo de consultas de más de tres meses y en cuya fase se lograron uniformar criterios, sobre todo en el cálculo del valor del impuesto del inmueble.
En este aspecto, las 25 organizaciones participantes consideraron que la tarifa de este impuesto es de cero punto veinticinco por ciento (0.25%), únicamente el valor catastral del terreno sin tomar las mejoras de estas.
En medio de la discusión de la propuesta, se originó un debate porque, de acuerdo con el representante del MEF, habría que hacer un estudio más profundo de las implicaciones para modificar la base del impuesto de inmueble.
Sin embargo, luego de un acuerdo, los diputados consensuaron aprobar la iniciativa, pero con el compromiso de que en segundo debate tratarán las implicaciones de modificar la base del impuesto de inmueble, con más detenimiento, siempre que el Ministerio de Economía y Finanzas,presente un informe de las recaudaciones que genera este impuesto y cuanto podría dejar de percibir el Estado de dejarlo así planteado.
Según la proponente, Zulay Rodríguez, ahora miles de panameños no serán despojados de sus propiedades, en particular los de clase media baja.
“Era un tema de justicia”, opinaron los representantes de la sociedad civil como los diputados, al calificar la medida del gobierno pasado como extremista, ilegal, irregular, inconsulta, lo que ponía claramente en riesgo la conservación de la propiedad sobre los inmuebles.