Apede pide al Gobierno no poner en riesgo el grado de inversión del país

Ciudad de Panamá/La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresa su preocupación por el contenido del informe de calificación de riesgo presentado por Fitch Ratings, el cual aseguran "destaca el deterioro en el manejo de las finanzas públicas y en especial, la rebaja en la perspectiva del riesgo soberano de estable a negativa".

Apede señaló en un comunicado que "las razones esbozadas por la calificadora de riesgo se centran en el excesivo gasto público, principalmente en el pago de subsidios y planilla estatal, así como la disminución de los ingresos producto de una recaudación tributaria menor a la proyectada, junto con las perspectivas que se ciernen sobre el funcionamiento del Canal de Panamá, ante la crisis de agua y la reducción de tránsitos por esta vía acuática así como, la incertidumbre sobre la formalización del contrato entre el Estado y Minera Panamá".

La Apede hace "un llamado de reflexión y de corrección" al Gobierno a fin de que no se ponga en riesgo el grado de inversión que, al país y solicitan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a que informe cuanto antes, sobre la condición real de las finanzas públicas, aclarando las medidas que se adoptarán para garantizar la transparencia y buen funcionamiento de nuestras finanzas públicas y el aseguramiento de la continuidad del grado de inversión.

De igual manera, la calificadora advierte que las maniobras contables que ha hecho el Gobierno para poder cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal ponen más presión a los próximos años, dado que se han postergado pagos de deuda. Así mismo, la falta de definición e implementación de medidas integrales a largo plazo sobre el problema del Fondo de Invalidez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS), representa un riesgo y una posible carga financiera para el Estado en los próximos años.

Para Apede, estas advertencias que hace la calificadora Fitch Ratings, hay que sumar las realizadas por los bancos de inversión Barclays Bank y JP Morgan, los cuales señalan que "el Gobierno Nacional realiza acciones que buscan generar calma ante protestas de la población, mediante el otorgamiento de subsidios los cuales representan una carga financiera insostenible en el tiempo que afecta la salud de las finanzas públicas y los mismos, no son focalizados a los sectores que más necesitan el apoyo del Estado".