Anteproyecto de Ley busca penar con cárcel el contrabando de alimentos

El diputado Carlos Saldaña, del circuito 4-1, presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley, que busca establecer medidas de control para garantizar la inocuidad de los alimentos y la protección de la soberanía alimenticia, adicionando disposiciones al Código Penal de la República de Panamá, adoptado mediante la Ley 14 de 26 de abril de 2007.

Además, el reconocimiento del contrabando de alimentos como delito y su sanción con penas de 4 a 8 años de prisión.

Tales medidas se aplicarán a todos los involucrados en todos los aspectos de la operación: importación, comercio, transporte, almacenamiento, reetiquetado, intercambio de productos de dudosa procedencia o incluso mezcla con otros productos con aprobación higiénica para el consumo.

Las penas serían distribuidas de la siguiente manera:

• Introducción: De 4 a 6 años de cárcel

Distribución y comercialización: 5 a 8 años de cárcel 

• Transporte, almacenamiento, reetiquetado, cambio y mezcla: 5 a 8 años de cárcel 
• Complicidad de funcionarios públicos: 6 a 8 años de cárcel.

“Como amigo de los productores, puedo asegurar que en nuestras fronteras tenemos personas que ingresan productos sin licencias sanitarias, alimentos sin registros, sin controles, sin etiquetas, sin verificación de nuestras autoridades competentes; son precisamente estos alimentos los que terminamos consumiendo, generándonos problemas de salud y abriendo la puerta a una desventaja comercial para nuestros productores, al tener que competir por la venta de alimentos con precios mucho más bajos sin ningún tipo de cuidado", señaló Saldaña.

Agregó que se busca establecer personal idóneo en zonas fronterizas o puntos de control aduanero para monitoreo e identificación del contrabando. 

La iniciativa también propone castigar a funcionarios públicos que tengan un grado de responsabilidad o complicidad en la constitución de los hechos delictivos. 

Sostuvo que el Código Penal cuenta con penas de contrabando de mercancía con fines tributarios, pero no desde la perspectiva de salud pública y desarrollo social.