'Irregularidades' en juntas comunales y municipios podrían incurrir en lesión patrimonial, según Antai

En las últimas semanas, denuncian vienen y van de parte de las autoridades electas que asumieron sus cargos en algunos municipios y juntas comunales del país, por la supuesta falta de información financiera, inventarios y planillas, alegando que el proceso de transición fue nulo o muy complicado.

Frente a la situación, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), ha iniciado investigaciones de oficios para verificar si lo que han publicado algunos alcaldes y representantes en redes sociales es cierto. Por ello, han hecho inspecciones en el Municipio de San Miguelito, y las juntas comunales de Parque Lefevre, San Francisco, Antón cabecera, Puerto Caimito, entre otras.

Elsa Fernández, directora de la Antai, dijo que como rectora del acceso a la información, tienen una plataforma donde las autoridades deben publicar información, afirmando que en la misma han encontrado información que las autoridades electas han dicho que no les han entregado.

Te puede interesar: El informe de inversión del gobierno de Cortizo en cada provincia, ¿Se ven las obras?

Agregó que en las inspecciones que han realizado han corroborado que no existe la información de forma física que sustente la gestión pública, como lo manda la Ley 6 del 2002, lo que incurre en una irregularidad.

Recalcó que la Ley establece que el servidor que destruya, elimine o altere la información será sancionado con su salario dos veces, aunque, aclaró que esto es en caso de que la persona siga en el puesto, no obstante, considera que hay una lesión patrimonial.

Esto es una lesión patrimonial porque no hay un sustento, como ahí se había evidenciado, de la estructura presupuestaria, la cual tiene que estar en la plataforma porque hay una sustracción de documentos", expresó.

Según Fernández, no hay gestión documental, lo que significa que no se puede entregar información a quien lo solicite, por ende hay negación a la información. Tampoco hay información sobre contrataciones públicas, ni de servidores, además no hay evidencia de participación ciudadana.

Contó que desde la creación de la Ley 6, todas las entidades están obligadas a hacer la entrega de información, pero no lo hacían. Y algunas, como el Municipio de San Miguelito, lo hicieron por primera vez en esta administración, debido a que se interpusieron sanciones. No obstante, las juntas comunales nunca lo hicieron, y no fue hasta el 2023 que, con la creación de la plataforma, estas entidades pueden hacer la rendición de cuentas.

Te puede interesar: Falta de agua, la mayor preocupación de los panameños, ¿Qué planes tienen las autoridades?

Explicó que los servidores están obligados a denunciar las irregularidades encontradas, al igual que la sociedad, mientras que la Antai puede iniciar investigaciones de oficio, y en caso de encontrar algún hecho punible, entonces ponerlo a cargo del Ministerio Público.

Aparte de la falta de información documental, existen equipos que han desaparecido de las juntas comunales, lo que también se está investigando.

Las investigaciones por parte de Antai podrían durar hasta cuatro meses.