Antai | Denuncias contra funcionarios son remitidas al Ministerio Público, ¿Qué entidades del Estado fueron mencionadas?
Denuncias Antai
El informe fue revelado el pasado domingo 25 de febrero. TVN-2.com confirmó las entidades del Estado con funcionarios involucrados.
Panamá/Funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el Ministerio de Educación, Banco Hipotecario Nacional, así como colaboradores de entidades privadas están señalados dentro de los 51 expedientes que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) remitió al Ministerio Público.
Los funcionarios estarían involucrados en posibles delitos contra la administración pública, el patrimonio económico y la fe pública (falsificación de documentos y otros), así como delitos contra la libertad sexual.
El pasado domingo, la Antai, dirigida por Elsa Fernández, anunció que los expedientes datan desde octubre de 2022 hasta la fecha; y que, por no ser de su competencia fueron remitidos al MP.
Sin embargo, no se precisó por qué se acumularon tantos expedientes, que no están dentro de su jurisdicción.
Dentro de las denuncias por posibles irregularidades administrativas o faltas al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, la entidad explicó que "se acoge la denuncia y, de inmediato, se realizan las investigaciones pertinentes para confirmar la falta administrativa. Durante la investigación, puede surgir un presunto delito penal, y una vez finalizada, se remite el expediente completo, con las pruebas recabadas por esta Autoridad, al Ministerio Público para que realice la investigación en el ámbito penal".
¿Cuáles son las funciones de la Antai?
La Antai fue creada bajo la Ley 6 de 2022 y tiene como objetivo promover y proteger el derecho de acceso a la información pública, así como de fomentar la transparencia en la gestión pública.
Dentro de sus funciones debe promover la ley de transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Además, debe fiscalizar por lo que puede realizar auditorías y fiscalizaciones en cumplimiento de la ley de transparencia.
También ofrecen asesoría y capacitaciones a funcionarios; y sirven de mediadores en conflictos relacionadas con acceso a la información pública.