Noticiero Estelar
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Ciudad de Panamá/"En la Corte no hay ningún bobo" dijo Ana Matilde Gómez, abogada y exprocuradora de la Nación, al referirse a la decisión que deben tomar los nueve magistrados que conforman el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Este viernes 24 de noviembre, los magistrados fueron convocados para iniciar sesión permanente hasta que se defina si el contrato-ley del 20 de octubre de 2023, es o no inconstitucional.
Gómez asegura que con esta decisión, que se espera que sea de inconstitucionalidad, el poder judicial va a restablecer el orden constitucional que se rompió a partir del año 2017 cuando se declaró inconstitucional el contrato minero de 1997.
Señaló la abogada que, el gobierno no entendió que un fallo en materia constitucional es final, definitivo y obligatorio.
"El Presidente no debería salir a decir que va a cumplir el fallo, ese era su deber" , enfatizó Gómez.
Desde su punto de vista, el gobierno ha perdido credibilidad y lo más grave es la fragmentación territorial que hay en algunas provincias como Chiriquí, en donde la 'policía no manda'.
“El crimen se aprovecha de las situaciones violentas, de las situaciones de desabastecimiento de extrema pobreza, donde hay presencia institucional siempre va haber presencia criminal, por eso es que la policía no puede abandonar su rol, en este caso no es la Policía es la orden que le haya dado el presidente de la República”, señaló.
Para Gómez, con el fallo de inconstitucionalidad se debería restablecer el orden jurídico y el gobierno debe garantizar el orden público, "este abandono no nos lo merecemos".
Indicó que, 'la Corte debe fallar en derecho y sin presiones' y las manifestaciones deben ser pacíficas y respetuosas.
De acuerdo con la exdiputada, los magistrados no "van a arriesgar su pellejo por un gobierno que ya se va, sería una cosa absurda", y, en este momento, los magistrados deben haber entendido que es histórico y un punto de inflexión.
Las demandas que tomará la Corte serán las dos primeras presentadas el 23 de octubre y el 27 de octubre. Fueron admitidas los días 26 y 31 de octubre, respectivamente.
Explicó que, en la demanda presentada por el abogado Juan Ramón Sevillano, hay más de 80 alegados y en la de la abogada Martita Cornejo hay más de 30 alegatos, todos deben ser revisados y deben decidir si las van a acumular o no.
Citó al doctor Carlos Bolívar Pedrechi y dijo que no 'puede haber un pronunciamiento parcial' y no puede haber ninguna declaratoria de constitucionalidad.
Agregó que, a partir del fallo, en algún momento "la mina se va a tener que ir" y se debe seguir con todos los pasos científicos, técnicos para el cierre adecuado de la mina.
Solicitó al presidente Laurentino 'Cortizo que tiene que gobernar hasta el último día y al gobierno le corresponde restablecer el orden público'.