Gobierno confirma que revisará concesión otorgada a Panama Ports

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Presidencia de la República confirman que revisarán el contrato firmado con Panama Ports Company. La empresa maneja los puertos de Balboa y Cristóbal.

El gobierno revisará la concesión otorgada a Panamá Ports Company. Este miércoles 29 de enero, la unidad reguladora de concesiones de los puertos de la AMP se reunió para analizar el contrato que tiene el Estado con Panama Ports, firmado en 1997, que vence en 2022 y que podría extenderse, según lo negociado, por 25 años más. Así lo confirmó el administrador de la AMP, Noriel Araúz.

El ministro consejero, José Alejandro Rojas, señala que la revisión incluiría los pagos que ha hecho la empresa y una auditoría del contrato.

“Hoy tenemos una reunión con el equipo de concesiones, el equipo de Legal, porque queremos analizar qué es exactamente lo que se concesionó en ese contrato. Hemos estado reunidos con nuestro equipo verificando qué es lo que se ha aportado, que contemplaba el contrato ley que tienen actualmente”, reveló Noriel Araúz, administrador de la AMP.

“Hay que hacer un equipo interinstitucional en el cuál debe participar el MEF. Debe haber una revisión completa de todo el contrato”, recomendó el ministro consejero, José Alejandro Rojas.

Panama Ports ha pagado al Estado, en 23 años de concesión, 8 millones de dólares: 1 millón de dólares en 2017; 2 millones en 2018; y 3 millones en 2019.

“Es muy importante que el gobierno esté preparado para ese tipo de negociación. La Cepal ha advertido a los gobiernos de Latinoamérica que tengan cuidado porque las concesiones que se han dado a grupos poderosos terminan después en condiciones que son desfavorables para los países. Cuando hay una renovación de concesión es el momento en que hay que tener muy claros lo que se va a hacer”, manifestó Carlos Ernesto González, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivas de Empresa (Apede).

En un comunicado, Panama Ports indica que ha contribuido con más de 415 millones al Estado panameño en concepto de canon por cada contenedor que es movilizado en los puertos.