Ambientalistas y sociedad civil preparan demandas contra texto final del contrato con Minera Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil se pronunciaron este viernes 10 de marzo, en contra del acuerdo del texto final entre el Gobierno y Minera Panamá.

Indicaron que el texto final todavía guardaría visos de inconstitucionalidad, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia del contrato anterior.

Señalaron que interpondrán algunas demandas en los próximos días y otras que deben esperar a que el texto final sea sancionado por el presidente de la República, aunque antes debe pasar por una consulta pública.

Harly Mitchell, abogado en derecho ambiental, dijo que existe una abundancia de irregularidades, que van desde la omisión de funciones públicas, cuando varios ministros han incumplido con sus trabajos de fiscalizar y controlar la empresa y otros con extralimitación de funciones.

Considera que el mismo acto que corresponde al contrato ley, con los mismos visos de inconstitucionalidad del anterior, y probablemente en sus contenidos, “otras capas de inconstitucionalidad”.

Luego de intensas jornadas de negociación, el Gobierno informó de un acuerdo en el texto final del contrato con Minera Panamá, filial local de First Quantum Minerals, bajo el cual manifestó espera recibir para el Estado panameño 10 veces más de lo que recibía bajo el contrato de 1997.

Esto, con un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares durante la vida del contrato. Aquí le detallamos los por menores de este importante contrato.

La duración del contrato a suscribirse entre las partes será de 20 años, prorrogables, garantizándose los derechos de los trabajadores, así como el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades de impacto, al tiempo que se fortalece la condición del país como productor mundial de cobre. “Este contrato se inspira en el bienestar social y el interés público y es justo para los panameños”, afirmó el Ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro.

El 50% de los ingresos anuales por extracción de cobre serán para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.) de la Caja de Seguro Social y 20% para que ningún jubilado o pensionado reciba menos de B/. 350 mensuales.

El 25% de los ingresos mínimos anuales serán destinados a los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón y Áreas Colindantes con el proyecto. De tales ingresos, un mínimo del 95% será para proyectos de inversión y solo hasta el 5% para funcionamiento.

Con información de María De Gracia