Ambientalistas reaccionan tras nuevo contrato del Gobierno y Minera Panamá

Como un empoderamiento que “echará raíces” en un territorio vulnerable, catalogó la ambientalista y ex vicealcaldesa, Raisa Banfield, el resultado de la negociación entre el Gobierno Nacional y Minera Cobre Panamá.

Banfield reaccionó al tema del componente ambiental o materia prima y el grado de afectación que llevará está operación, el cual definió como crítico que en 10 días se haya despachado, por lo que no generó ninguna expectativa de lo que ocurriría con el ultimátum dado por el gobierno a la empresa.

Ayer, Minera Panamá aceptaba la propuesta presentada por el Gobierno en el nuevo contrato.

La ambientalista destacó que, Panamá ha tenido pérdidas con esta actividad minera, cuando se ven bosques como los que se tenían en Donoso y Coclesito, que han sido por hectáreas, aguas contaminadas y ríos que han desaparecido al convertirse en aguas de relave.

Cuestionó que el costo de este contrato compense, resarce o repare el daño causado, no solo a la población, sino también a las especies y se pueda hablar de sostenibilidad.

“Cuando tú sacas los números, la actividad minera no es sostenible y no es un buen negocio a largo plazo”, advierte.

Banfield sostuvo que hubo “irresponsabilidad, reflejada en esta negociación sobre la base de un contrato inconstitucional”, que no fue solo del gobierno actual, sino desde la firma del contrato en el gobierno del expresidente, Ernesto Pérez Balladares y el fortalecimiento que le dieron los gobiernos subsiguientes.

Lo que ocurre con Minera Panamá, recalca la ambientalista, es la puerta que se le abre a todas aquellas que están en fila, para Cerro Quema, Veraguas y Darién, para al final convertir a Panamá en un territorio minero bajo la decisión de un grupo de personas que se sientan en el gabinete, lo que a su juicio es gravísimo.

Falta de transparencia

La falta de transparencia en el tema de recursos naturales, evidencia uno de los problemas fundamentales del resultado de esta negociación, según el abogado en derecho ambiental, Harley Mitchell.

Los recursos naturales, de acuerdo con la Constitución y la ley, son bienes de dominio público, por tanto, las decisiones que se tomen sobre estos, paso a paso deben ser conocidas por todos los panameños y esto no se ha hecho, indicó el abogado al programa Mesa de Periodistas.

“Esto se ha tratado como una negociación privada, cosa que es grave porque el Gobierno Nacional no es un ente privado, es un ente público, por tanto, solo puede hacer lo que la ley dice, no lo que le prohíbe”, agregó.

Otro de los temas a resaltar por Mitchell, que quizás es hasta más importante, es la negociación económica que fue separada de la ecológica, cuando el tratamiento de los recursos naturales y no solo el minero, sino todo lo que está encima, como el agua, el aire, la biodiversidad y los suelos, son parte de la economía también.

“Hemos abandonado un modelo de desarrollo sostenible, para colocarnos de cabeza en un desarrollo minero que por antonomasia no es sostenible es finito, se acaba”, resaltó.

Sobre el incremento de regalías, sostuvo que esta obedece si acaso, a un ajuste por inflación.

Mitchell manifestó que el daño no debería ser un tema de regalías, es un perjuicio que se ocasiona; y si es verdad que el Estado y Minera Panamá son socios, “un socio no le hace daño a otro” y se tiene más de una docena de informes administrativos de parte del Ministerio de Ambiente, que evidencia daños ambientales que van mucho más allá de una relación comercial.