Ambientalistas en alerta por nuevo contrato minero, pedirán se declare al Gobierno en desacato

Lilian González, directora del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), fue categórica en decir que el proyecto de contrato entre Minera Panamá y Gobierno es lesivo al país y no muestra avances en tema de cuidado ambiental, ya que, básicamente se basa en el estudio de impacto ambiental y no se contemplan elementos adicionales.

Destacó que el contrato lo que promete es que el impacto ambiental sea mayor porque se plantea una extensión de contrato prácticamente indefinida, asegurando que la explotación minera a cielo abierto por tato tiempo, con más de quince químicos nocivos para la salud tiene efectos irreversibles.

“Este contrato es perjudicial y lesivo porque no mejora las condiciones ambientales, el periodo y, además, la extensión no solo de tiempo, sino de uso de suelo y servidumbre son excesivos e indeterminados, aparte de los otros aspectos económicos”, expresó.

González recalcó que, de igual manera el proceso está viciado, debido a que se reprodujo el mismo marco de inconstitucionalidad, por lo que el fallo de la Corte Suprema de Justicia también alcanzaría este nuevo contrato. Fue contundente al decir que el contrato no subsana las fallas como el alto impacto que supone la minería a cielo abierto “y tampoco lo subsanará una consulta en Ágora”.

Para ella, la consulta que se realiza en la plataforma no es legítima, ya que, según el acuerdo de Escazú, ratificado por Panamá, la consulta y participación ciudadana debe ser durante el proceso, no cuando ya está todo negociado. Además, las opiniones emitidas en la plataforma no son vinculantes, y hay personas que no tienen acceso a internet por lo que supone inequidad en el proceso de consulta.

Sin embargo, incentivó a las personas a opinar sobre el contrato en la plataforma, aunque esto no cambie ni un punto, ni una coma en el mismo.

Agregó que las exoneraciones son injustificables, porque esto se hace cuando inicia el proyecto, y la inconstitucionalidad no es subsanada porque hay un nuevo contrato, porque se está repitiendo el mismo vicio de inconstitucionalidad.

Señaló que la actividad minera elimina otras opciones de vida, pero ahora se está blindando a través de una serie de medidas de no poder ser fiscalizada, cuando una de las principales exigencias estaba basada en la falta de fiscalización.

Mencionó que no se expusieron causales de fin de contrato por desastres como estallidos y derrames de tinas de relaves, que ya han ocurrido, y que no se podrán comprobar ni por tierra ni por aire, porque se tendrá que pedir permiso.

“El Ministerio de Ambiente no tiene capacidad de fiscalizar, supervisar, de ejercer poder, de sancionar. Minera Panamá acumula más de 200 incumplimientos serios, la mayoría ambientales y no han sido subsanados, y el Ministerio de Ambiente no ha podido ejercer nada. Adeudan 11 millones de dólares en compensaciones ambientales, han deforestado más de lo permitido”, enumeró González sobre las irregularidades de Minera Panamá.

Continuó diciendo que, el gobierno ha pisoteado la constitución, que invocó el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para presionar a la empresa, pero una vez llegado a un acuerdo la empresa continuó trabajando sin contrato y sin pagar, lo que genera un precedente jurídico nefasto por el desacato del fallo de la CSJ.

“Este tema ya hizo crisis, hay que ir a un gran debate nacional. Lo que más ha faltado es un debate sobre la viabilidad, no de cómo hacer mejor minería, porque la minería sostenible no existe, no es viable para un país con nuestra biocapacidad”, resaltó.

Recordó que, la moratoria minera está en el pacto Bicentenario construido con la plataforma Ágora, y ese incumplimiento es una muestra de lo que significan los acuerdos con la ciudadanía en este país.

Finalizó diciendo que es importante exigir a la Asamblea Nacional y en función del fallo de la CSJ, que rechacen el contrato que es lesivo a la República. Además, solicitar a la CSJ que, si el Legislativo y el Ejecutivo no cumplen con el deber de proteger los intereses nacionales, se declare el desacato del gobierno.

Recalcó que siempre procederán legalmente contra esos exabruptos, reiterando que el llamado es no aprobar el proyecto de contrato. 

Gobierno defiende contrato

En tanto, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, defendió lo pactado con Minera Panamá, asegurando que ahora el Estado recibirá 10 veces más de lo pactado en el contrato anterior, indicando que por tratarse de un contrato a 20 años con opción de extensión por 20 años más, si 40 años después aún sigue en funcionamiento la empresa, entonces, podrán negociar otro contrato.

Agregó que, "el contrato representa los mejores intereses del pueblo panameño".

Desde el pasado viernes, el texto del contrato de concesión del proyecto, Mina de Cobre Panamá entre el Estado y Minera Panamá, es público en la plataforma Ágora para una consulta no vinculante por un periodo de 30 días.