Ambientalistas advierten sobre los peligros de permitir el uso de suelos en áreas protegidas

Ambientalistas en alerta por el Decreto Ejecutivo 141, que permite el uso de suelo en áreas protegidas, aseguran que la actividad está prohibida en la Constitución y en el Código Penal y advierten que esto no es como la venta de áreas revertidas, sino que se trata de un área sobre el que todos los panameños tienen derecho a su uso y beneficio que brinden al Estado.

Johana Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental, citó el artículo 416 del Código Penal que establece que el servidor público que adjudique tenencia o posesión de un área protegida será sancionado de 5 a 10 años de prisión, asegurando que este delito está establecido porque históricamente ha reservado algunos de sus bienes para uso público.

Fue tajante al decir que el decreto mencionado “no tiene ningún” sustento legal.

Recordó que en la Cumbre de Cambio Climático el presidente y su delegación utilizó el 30% de las áreas reservadas como una bandera, pero eso solo está en el papel, porque con este nuevo decreto que se extiende a nivel nacional se está yendo en contra del compromiso con la lucha contra el cambio climático.

“Ese proceso va a tambor batiente, se aprobó un día, al día siguiente estaba en Gaceta, ya desde ayer se están haciendo las solicitudes y trámites para que cuanto antes salgan”, manifestó Ábrego.

Aseguró que la preocupación es quién está detrás de esta norma, ya que hoy día no existe un levantamiento de dónde están los poseedores que tiene más de 50 años en las áreas protegidas, por lo tanto, no se podrá determinar quién estuvo antes y después, además, preocupa que no se reconozca a los “pequeños”, y se le otorgue títulos a “grandes” que luego utilizarán las tierras para actividades determinadas.

Calificó el proceso de “opaco”, sin “transparencia alguna”, destacando que no hubo consulta pública estando obligados por acuerdos internacionales a permitir que los ciudadanos decidamos si estamos de acuerdo o no con esto.

“Hay un velo de opacidad sobre este trámite que nos hace sospechar que hay otras cosas detrás de él”, expresó.

Continuó diciendo que no hay garantías de que no habrá corrupción y negociado político con áreas protegidas fundamentales para la protección de agua, para la protección de comunidades vulnerables al cambio climático y la seguridad alimentaria.

Ábrego señaló que se está poniendo en peligro los servicios ecosistémicos de los que todos vivimos, en especial los de las personas que viven en estas zonas. Dijo que realmente lo que se necesita es que se articule la gestión del Estado para aprovechar los beneficios que hay en las áreas protegidas.

Concluyó resaltando el papel que juegan los bosques en la lucha contra el cambio climático y el mantener la temperatura por debajo de 1,5°, pidiendo al gobierno ser consistente en su postura. Adelantó que esta semana demandarán el decreto, pero guardan la esperanza de que se derogue y someta a consulta pública la iniciativa.