Alianza Ciudadana Pro Justicia solicita veto parcial de Ley de Contrataciones Públicas
La Alianza Ciudadana Pro Justicia informó a través de un comunicado este 3 de mayo que la Ley 305 aprobado en tercer debate "es un ligero avance respecto al retroceso de que fue objeto la Ley 22 desde su aprobación, a través de múltiples reformas que buscaban agilizar construcción de obras y la entrega de bienes, sacrificando controles, lo cual sirvió para que se elevaran los niveles de corrupción por medio de la contratación pública".
En el comunicado especifican que es positivo que se hayan eliminado las licitaciones abreviadas y las apremiantes. Al igual que se haya incluido la publicación de los precios de referencia de manera obligatoria, y que se eliminara la excesiva discrecionalidad en las consultorías, entre otros avances parciales.
Solicitamos un veto parcial que permita revisar los aspectos mencionados", concluye el comunicado.
Sin embargo, resaltan que "el actual gobierno se comprometió en campaña a la adopción de 'un sistema público de compra y contratación abierto, competitivo y transparente, con monitoreo público, así como exigencias de altos estándares de probidad a los proveedores y las sanciones ejemplares correspondientes'".
Explican que esta promesa de campaña exigía la búsqueda de mecanismos para que empresas y los particulares detrás de ellas, se vieran inhabilitados para participar en licitaciones, o ser objeto de contratos directos de forma permanente, o por un término razonable, mientras la empresa enfrentaba las respectivas sanciones por haber participado en actos de corrupción, no solo en nuestro país, sino en otras jurisdicciones.
Ellos solicitan al mandatario de la República, Juan Carlos Varela, que revise su promesa de campaña en el eje 2 sobre Fortalecimiento de la Democracia y el Estado de Derecho, y sus palabras de compromiso electoral, antes de sancionar el Proyecto de Ley 305.
