Empresarios: Ley de incentivos fiscales para proyectos turísticos se 'presta para abusos' y debe ser revisada

José Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), indicó que la Ley 122 del 31 de diciembre de 2019, que otorga créditos fiscales a proyectos de inversión turística, tiene que ser analizada en conjunto con la Ley 80 del año 2012, que nace de la Ley 12 de 1994 cuando se estableció el turismo como un sector prioritario y una política de Estado.

Indicó que el gremio ha analizado a profundidad la Ley 122, siendo objeto de amplia consulta con empresarios, altos funcionarios del gobierno, inversionistas, líderes de opinión, entre otros, llegando a un consenso de que la ley como está redactada se presta para abusos, por lo que se recomienda una revisión sobre su reglamentación.

Según Icaza, es necesario revisarla desde la perspectiva del alcance de la ley, señalando que en el plan de turismo sostenible se definieron ocho áreas de interés turístico, por lo que consideran que las modificaciones de la ley debe solo limitarse a esas zonas, además, a través del Ministerio de Economía y Finanzas se debe definir cuál es la postura del Estado, y en cuánto desea contribuir al impulso del sector turismo a través de los créditos fiscales.

“Nosotros consideramos que deben establecer límites a estos créditos fiscales, adicional a eso, estos límites deben ir en función a cuál es la oferta, tanto de producto turístico como de infraestructura hotelera que debemos dejar en las distintas zonas, de manera tal que podamos acelerar de forma inmediata lo que es el destino Panamá y ponerlo a nivel de competencia de los otros mercados de la región”, expresó.

Icaza también dijo que es importante fortalecer la fiscalización de los proyectos, habiendo un estudio económico debidamente avalado por un profesional idóneo que identifique los costos de terreno, de infraestructura, construcción y demás costos relacionados con el proyecto; pero, además se tiene que analizar el impacto.

El Presidente de la Cciap explicó que esta ley fue promovida fomentando que los créditos fiscales que se otorgan tienen un retorno sobre la inversión en cuanto al tema de finanzas públicas, a través de la recaudación, por lo que los proyectos deben tener un estudio económico fiscal que confirme que la recaudación que generará compensa los créditos fiscales, además, del impacto social en la generación de empleo y en las comunidades.

Destacó que la importancia del tema de la transparencia y acceso a la información para que no haya suspicacia sobre los criterios entre legibilidad y aceptación que se usaron a la hora de otorgar los créditos fiscales de esos proyectos.

Fue enfático en decir que, como país, Panamá no ha podido ejecutar de forma exitosa una estrategia para desarrollar el sector turismo, mucho menos hemos tenido una campaña de promoción turística internacional, no tenemos marca país, sin embargo, el sentir de la Cciap es que hay que desarrollar el sector turístico para poder dinamizar la economía.

Además, argumentó que es necesario mejorar las condiciones de los sitios turísticos en temas fundamentales como basura, agua, y conectividad, pero adicional a eso hay que desarrollar el capital humano para que se desarrolle la actividad.

“Con el tema del crédito fiscal que se aumentó del 50% al 100%, como Cámara podemos comentar que definitivamente cuando uno analiza cuál fue el beneficio que se generó en inversión nueva en el país a nivel de infraestructura hotelera o de producto turístico entre el 2012 y 2016 fue limitado. Como Cámara definitivamente que 100% suena abusivo, pero también tenemos que ver que 50 % no ha logrado el beneficio que se debe”, aseguró.

Sostuvo que hay que realizar un análisis profundo de las variables, matriz de riesgo, impacto social, económico y fiscal que va a tener el proyecto a la hora de tomar una decisión y si se le va a dar el crédito fiscal o no al proyecto.

Reiteró que es importante que el Consejo Nacional de Turismo revise todos los proyectos antes de enviarlos a la Dirección General de Ingresos para que se emitan los créditos fiscales, y esos créditos tienen que cumplir con una fianza de cumplimiento para garantizar que el proyecto llegue a feliz término y logre el propósito por el cual fue otorgado.