Tras 20 días de acusación contra Martinelli por “pinchazos” Mejía aún no actúa

Hoy se cumplen 20 días desde que Harry Díaz, magistrado fiscal de la causa penal que se le sigue en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ricardo Martinelli, presentó un escrito de acusación en donde responsabilizó al exmandatario por el caso de los denominados “pinchazos telefónicos” durante su gobierno.

Sin embargo, el juez de Garantías designado en este caso, Jerónimo Mejía, aún no ha notificado a la defensa del exmandatario sobre la formal acusación, en la que Díaz explica cómo desde la sede del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), funcionarios, por órdenes del expresidente Martinelli, realizaban las interceptaciones telefónicas a múltiples ciudadanos.

Posterior a este proceso de notificación, Mejía debe llamar a una audiencia para calificar la investigación.

Se trata del caso por la interceptación de correos, llamadas y mensajes de texto de unas 150 personas, entre ellas activistas políticos, dirigentes magisteriales y periodistas, que según las investigaciones realizadas por Díaz, las cuales culminaron el 8 de octubre pasado, fueron ordenadas por Martinelli.

Admisión del proceso

La CSJ admitió investigar a Martinelli por este caso el pasado 8 de junio de 2015, pero no fue hasta el 13 de agosto que se inició formalmente el proceso, cuando el Tribunal Electoral (TE) levantó el fuero penal electoral al también diputado del Parlacen, quien se encuentra fuera del país desde el 28 de enero pasado.

Al expresidente se le acusa de la supuesta comisión dedelitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, peculado por malversación y peculado de uso.

Martinelli fue denunciado ante la CSJ por ser el jefe supremo del CSN, donde se realizaron interceptaciones telefónicas ilegales durante su gobierno. Políticos lo acusaron de ser artífice de la red de espionaje.

Entre los querellantes están: Mitchel Doens, Bernané Pérez, Javier Ujuleta Cortés, Miguel Antonio Bernal, José Luis Varela, Balbina Herera, Rosendo Rivera, Juan Carlos Navarro, Mauro Zuñiga y Rubén Darío Polanco. Estas querellas se acumularon y se presentaron en un solo expediente

Por estos delitos Martinelli, de ser condenado, enfrentaría penas que sumadas totalizarían 21 años de prisión.

Y es que Díaz solicitó al juez de garantías, la imposición de cuatro (años de prisión por las interceptaciones telefónicas, cuatro 4 años más por persecución y vigilancia sin autorización, 10 años por malversación y tres 3 años por peculado de uso.

Además, Díaz solicitó la emisión de una alerta azul en contra del expresidente a fin de conseguir mayor información sobre su paradero o actividades delictivas en relación con el asunto penal.

Según versiones extraoficiales, Martinelli se encuentra en Miami, Estados Unidos, en busca de un mecanismo para permanecer en ese país. Su defensa ha dicho que por el momento Martinelli no regresará a Panamá, pese a la grave acusación en su contra.

Fue el propio Martinelli, quien el pasado mes de septiembre, a través de un audio, al que tuvo acceso TVN Noticias, invitó a sus copartidarios de Cambio Democrático a que lo visitaran en Miami.

Acusaciones

Los argumentos del magistrado fiscal, Harry Díaz, en su escrito de acusación por el caso de los pinchazos telefónicos, fueron contundentes, porque plantea cómo el expresidente Martinelli, desde su posición de poder, creó un grupo organizado dedicado a estas actividades ilícitas, usando equipos comprados con dinero del Estado desde la sede del Consejo de Seguridad.

Los elementos acusatorios del fiscal Díaz, están basados en las investigaciones que realizó para recabar pruebas que vincularan al expresidente Martinelli, contra el delito de las escuchas telefónicas, revelando que encontró “suficientes pruebas” que lo vinculan como "autor" y responsable de las acusaciones en su contra.

Entre los elementos encontrados destacan que entre los años 2012 a mediados de 2014, el entonces presidente Martinelli, daba las órdenes a funcionarios del Consejo de Seguridad, quienes trasladaban del edificio conocido como 150, ubicado en la sede del Consejo de Seguridad en Quarry Heights en el corregimiento de Ancón, las grabaciones de las interceptaciones telefónicas a celulares y teléfonos fijos, pruebas de correos electrónicos, fotografías, entre otros; los cuales eran llevados a la Presidencia de la República en sobres amarillos cerrados.

Según las pruebas recabadas por el magistrado fiscal, Martinelli realizaba las interceptaciones ilegales con los recursos del Estado, en contra de activistas políticos, dirigentes sindicales, abogados, gremios educativos, grupos de la sociedad civil y médicos, lo que demostraba la constante violación a la intimidad y derechos humanos de los panameños.

Varios funcionarios de la pasada administración fueron entrevistados por el magistrado Díaz en calidad de testigos.

Uno de ellos fue el exdirector de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, detenido por este caso, quien señaló durante la declaración jurada, que el entonces Jefe de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional, Ronny Rodríguez, tenía órdenes estrictas de trabajar con la Presidencia de la República.

Por su parte, el exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, manifestó que la política de seguridad del Estado era responsabilidad del Presidente de la República.

La misma versión de Papadimutrui, fue manejada por el exministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, señalando que el Consejo de Seguridad Nacional, estaba adscrito a la Presidencia, por lo que no era su responsabilidad directa.

Una de las declaraciones más reveladoras, fue la de Júbilo Graell, quien era funcionario del Consejo de Seguridad, al señalar que el jefe de Inteligencia, Ronny Rodríguez, le impartía instrucciones de vigilancia y seguimiento a ciertos “objetivos que le interesaban directamente al Presidente”, por lo que llevaba todas las mañanas a Rodríguez a la Presidencia de la República con un sobre amarillo.

Además manifestó que trasladó un rack para servidores (mueble de seguridad que almacena los discos de un servidor), desde la sede del edificio 150 del Consejo de Seguridad, hacia la sede del Súper 99 en Monte Oscuro.

El juez Mejía, dueño del proceso

El juez de Garantías, en este caso el magistrado Mejía, es el dueño del proceso y en esta fase de la investigación, depende de él la agilización del proceso.

Así lo apunta el abogado y miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Carlos Lee, quien explicó que al tratarse de un procedimiento especial para imputados, la ley no obliga a que se realice una audiencia de imputación de cargos, por lo que el juez pasa directamente a calificar la investigación en una audiencia donde podrá ratificar la posición del fiscal o no.

En esa audiencia el juez podrá hacer un llamamiento a juicio o pedir el sobreseimiento de la causa.

Es en esta audiencia donde el fiscal también podría solicitar una orden de conducción, que de ser aprobada por el juez, se tramitaría a través de Interpol, por medio de una alerta roja.

Esto para hacer que el expresidente comparezca en la audiencia de juicio.

Esperan justicia

Tanto los afectados por los pinchazos telefónicos como miembros de la sociedad civil esperan que se haga justicia por los casos que vinculan al expresidente de Martinelli.

No obstante, reconocen que quizás este caso es el más grave que se le sigue al expresidente porque se trata de la violación a los derechos humanos de otros ciudadanos.

Por lo anterior, el Movimiento Independiente (Movin) y otros gremios han exigido al magistrado Mejía que imponga celeridad al proceso para evitar que la desconfianza en la administración de justicia aumente entre los panameños.

Varios representantes de la sociedad civil han dicho que no entienden el por qué de la demora en la agilización de los casos contra Martinelli, los cuales están en manos de los magistrados de la CSJ.

Hoy se espera que el magistrado Mejía se pronuncie por este caso.

En la edición de Noticias AM y el noticiero estelar de TVN Noticias se pondrá bajo la lupa este caso, quizás el más grave de los seis que hasta el momento han sido admitidos en contra del expresidente Martinelli.

Vea las entregas: Financial Pacific, el caso más complejo contra Martinelli en la CSJ, Caso de Martinelli por comida deshidratada, estancado en la CSJ tras 9 meses y Proceso en la CSJ contra Martinelli por compra de granos espera admisión