Instan a la ACP a tomar 'medidas enérgicas' tras afectación de tránsito de buques

El excanciller Jorge Eduardo Ritter ha sido enfático al referirse al conflicto que se da entre los capitanes de remolcadores y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Dijo que la acción que tomaron no se puede justificar.

Agregó que los capitanes cometieron una grave equivocación, y debe haber consecuencias porque es una acción que no se puede tomar, ya que al Canal nunca se le otorgó el derecho de huelga y está expresamente prohibida la huelga tanto en la Constitución como en las leyes, pero se le dieron a los trabajadores una serie de instrumentos que no tienen la mayoría de obreros en Panamá, donde pueden hacer consultas y reclamos.

Explicó que lo que correspondía según las normas del Canal de Panamá, es que se ejecutara la acción solicitada por la ACP y luego hacer los reclamos a través de los mecanismos establecidos.

Ritter también dijo que tras la medida que ha ejecutado la ACP se ha podido ver que no ha ocurrido ningún percance, la operación es segura y ahora el Canal debe atender la queja y tomar la medida más enérgica para que lo ocurrido nunca más vuelva a pasar, por el daño reputacional para el país.

Acuerdo con empresa MECO

En cuanto al acuerdo de colaboración eficaz que se firma con la empresa MECO, Ritter sostiene que el error en toda la trama ha sido la falta de transparencia, donde los panameños no sepan qué ocurrió.

Le parece impresentable que la empresa que ha aceptado que dio sobornos a funcionarios, llegue a un acuerdo con la Procuraduría General de la Nación y la población se entere tres meses después y a través de un periódico costarricense.

Lo peor que establece el acuerdo, según Ritter, es que se contempka que no se le formularán cargos ni ahora ni en el futuro, ni al gerente de la empresa ni a MECO, aparte de que se le ha seguido contratando.

Se trata de una contradicción dice Ritter, porque el presidente de la República, Juan Carlos Varela proclamó en Lima, que Panamá ya había tomado los pasos para que las empresas no volvieran a contratar con el Estado.

Sin embargo, la empresa volvió a contratar con el Estado después de haber aceptado que sobornó a funcionarios panameños y pareciera que “nos están tomando el pelo” y a Ritter le parece que el Ministerio Público está en la obligación de divulgar el contenido del acuerdo con MECO.