Accidente en Gualaca: ¿Traslado de migrantes cumple con la ley?

Ciudad de Panamá, Panamá/El accidente de un autobús que trasladaba a migrantes el pasado 15 de febrero en Gualaca, provincia de Chiriquí, ha generado muchas dudas sobre cómo se da el transporte de estas personas, bajo qué condiciones, además de si se está cumpliendo la ley.

El abogado Ernesto Cedeño, presentará una denuncia administrativa al procurador de la Administración, que es diferente a la que realiza el Ministerio Público, ya que, luego de hacer análisis del accidente y conversar con transportistas, puede concluir que se está violando la Constitución, además de:

1. No hay contrato entre el Estado, la prestataria y los transportistas para la labor de traslado.
2. Diversos conductores privados prestan el servicio de migrantes de Darién a Gualaca.
3. Los migrantes pagan sus pasajes para ser llevados al albergue, costo que se entiende lo fijó el Estado
4. El Estado llama a los conductores cuando tiene la cantidad de migrantes listos para el trabajo.
5. El Estado permite que conductores ingresen a los albergues para realizar los traslados.
6. El Estado a través de diversos estamentos custodia el traslado de migrantes
7. El Estado otorga permiso de transportación a los conductores.

Dicho esto, Cedeño considera que debió haber un contrato escrito, debido a que la Ley de Contratación Pública dice que todo lo que tiene que ver con concesiones se tiene que sujetar a la norma, o sea, que en un contrato escrito. Agrega que, el hecho de que los migrantes paguen su pasaje no quiere decir que no se debió hacer un contrato público porque el Estado les permite ingresar al albergue custodiados.

En dicho contrato se debía establecer las especificaciones del autobús, capacidad máxima de llenado, el monto de seguro en caso de siniestro y a quién se le entregará la suma asegurada, la edad de los conductores, el tiempo de descanso entre otras.

Cedeño opinó que este contrato lo debió hacer el Ministerio de Seguridad o el director de Migración que, a su juicio, el responsable debe ser destituido.

“El Estado le permitió a una prestataria y conductores que ingresara a un albergue custodiado por el Estado, eso no se puede hacer de boca”, expresó.

Para el abogado, esta situación viola la Constitución, por eso que administrativamente debe haber una rendición de cuentas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir y determinar la destitución inmediata de quien tuvo la idea de hacer este tipo de negocios.