Abogados apoyan el proyecto 245 pero exigen que se elimine artículo que promueve la impunidad

El proyecto de ley 245, que introduce la figura de delación premiada en el sistema inquisitivo, tiene un año y tres meses engavetado en la agenda del Pleno de la Asamblea.

Fue presentado en septiembre de 2015 por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, y aprobado en primer debate en octubre siguiente.

Pero desde entonces no ha pasado nada.

Los diputados no se han decidido a considerar el proyecto, que establece dos circunstancias para que las personas acusadas de cometer un delito y el Ministerio Público puedan llegar a un acuerdo de pena a través del sistema judicial conocido como inquisitivo.

La primera condición es que el acusado acepte los cargos y la pena que se le puede imponer. Y el segundo es que colabore de forma “eficaz para el esclarecimiento del delito y para descubrir a sus autores o partícipes”.

El tema ha generado escozor entre los entendidos. ¿Por qué? Si el Ministerio Público lo decide, a una persona o empresa corrupta podrían rebajarle la pena –sin que un juez pueda rechazarlo- o hasta simplemente exonerarla de culpa.

“Esto ayudaría mucho siempre y cuando con la norma se llegue únicamente hasta la rebaja de pena”, dijo el abogado Armando Fuentes.

El diputado Miguel Fanovich sostiene que “hay que revisar este proyecto y no andar apresurados”. “Este proyecto sale con Odebrecht y pareciera que (se cree que) éste va a ser el salvador (de la compañía)”.

Si el MP acuerda una rebaja de pena, ésta no podrá ser mayor a la acordada ni menor a una tercera parte de lo que corresponde en estricto derecho.

Si se decide no formular cargos, la causa sería archivada. Los abogados han demandado esto.

“No al tema de no formular cargos, porque significaría una puerta abierta a la impunidad. Si son trajes a la medida para ciertas personas naturales, es lo que puede ser cuestionable”, agregó Fuente.

Además de la figura de los acuerdos de pena, el proyecto de ley también incluye modificaciones con respecto a detenciones preventivas, penas, recursos de casación y términos en casos de extradición