Abogados revisarán expedientes de supuestos pinchazos a López y Méndez

Genaro López y Saúl Méndez, dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), señalaron este lunes 5 de enero en conferencia de prensa que mediante la asistencia de abogados, revisarán los expedientes que se tengan en el caso de los llamados pinchazos telefónicos, de los que según ellos también fueron sujetos.

Los dirigentes obreros denunciaron que esos pinchazos no solo se dieron durante el pasado gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, sino también en anteriores administraciones gubernamentales.

El Suntracs aprovechó la conferencia para anunciar que este 9 de enero, cuando se conmemoran 51 años de la gesta patriótica y día de la Soberanía Nacional, marchará desde la estación del Metro de la 5 de mayo a las 8 de la mañana, pasando por el Instituto Nacional hasta el parque de Santa Ana.

Pero también preparan otra marcha para el 14 enero, desde el Parque Porras a las 4 de la tarde hacia la Presidencia de la República, en donde presentarán un documento donde se harán constar varios elementos importantes que afectan a la población, según dijo Saúl Méndez.

El primero de estos temas será el rechazo al aumento de la electricidad. Explicaron que la libre oferta y demanda afecta a quienes menos tienen, aunque el petróleo haya bajado de precio. A ese factor, explicaron, se suma el hecho de que las hidroeléctricas hayan quedado a máxima capacidad por las lluvias.

“No hay justificación (para el aumento) más allá de enriquecer los bolsillos de los empresarios transnacionales”, aseveró Méndez, al tiempo que agregó que “tratan de disimular diciendo que quien consume X cantidad de kilowatts pagará menos, pero todos saben que los empresarios usan eso para aumentar (los precios)”.

Los agremiados también presentarán su disgusto por los casos en donde se liberó a alias Juana Peña, culpable del homicidio del obrero Osvaldo Lorenzo, y el caso donde la Corte Suprema declaró inconstitucional los artículos de un Decreto que permitía nombrar e imponía cuotas a las empresas para tener a oficiales de seguridad en las obras en construcción.