Abogados chiricanos preocupados por solicitud de Ayú Prado para investigar a juez de garantías

La solicitud del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, de pedir a la procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, investigar a un juez de control de garantías en Chiriquí, fue recibida como no adecuada y preocupante por abogados penalistas de esta provincia.

Según la publicación de un medio escrito, Ayú Prado, en una misiva enviada a la procuradora Porcell, pide que se investigue los supuestos actos irregulares en la adjudicación de una audiencia de afectación de derechos para el cambio de una medida cautelar, que pidió y se le adjudicó al juez de control de garantías.

Indistintamente del proceso que el Magistrado pide se investigue, que debe ser objeto de este proceso, los abogados penalistas de Chiriquí debemos estar en alerta de que no se afecten las decisiones de los jueces de control, que pueden estar siendo presionados para que actúen de una determinada forma, dijo Claudia Alvarado, abogada penalista.

El caso que menciona Ayú Prado tiene que ver con una audiencia de afectación que solicito la defensa de un ciudadano de origen sirio, detenido e investigado por los delitos de secuestro y robo en perjuicio de dos ciudadanos de origen árabe, que se registró en octubre del 2018.

En esta audiencia, que fue presidida por el juez de garantías señalado, se le cambio la medida cautelar de detención preventiva por la de casa por cárcel al ciudadano investigado, decisión que fue apelada por el Ministerio Público y que días después fue revocada por los magistrados de apelaciones del Tribunal de Juicio en Chiriquí.

La solicitud de investigación a la Procuradora Porcell, se da porque según el Órgano Judicial, después se determinó que el defensor particular de la persona imputada por secuestro y robo, comparte el mismo domicilio que el juez de garantías, así como la cuenta de teléfono celular y el uso de un vehículo de motor.

“Nosotros sólo esperamos que estos supuestos sean investigados, pero que se haga bajo estrictas reservas, porque no se puede estar presionando de esta forma a los jueces de garantías, que basan sus decisiones en la sana crítica o las evidencias”, dijo la abogada Soto.