A partir de enero de 2018 dejarán de existir las corregidurías en Panamá

Atrás quedarán las corregidurías para dar paso a un nuevo sistema denominado “Casa de Justicia Comunitaria”, donde se resolverán los conflictos bajo un proceso de mediación con jueces de paz.

La asesora del Ministerio de Gobierno, Karla Pinder, explicó que la justicia comunitaria de paz, "es una apuesta de país" que pretende restablecer el diálogo que se ha perdido.

Este cambio se hace para tratar de corregir las deficiencias del sistema y la falta de capacitación del personal, así como su efectividad en la comunidad.

“Este sistema de justicia que es represivo debía ser cambiado, y la justicia de paz busca reestructurarlo no solo de manera formal, sino de manera profunda que es la más cercana al ciudadano”, resaltó Pinder.

La justicia de paz iniciará en su primera fase a partir del 2 enero de 2018 en el primer distrito judicial (Panamá, Darién, Panamá Oeste y Colón), mientras que en el resto del país deberá estar funcionando en junio del mismo año.

Los requisitos para quienes deseen postularse como jueces de paz son:

• Tener 30 años o más
• No haber sido condenado por violencia doméstica nunca, ni por ningún delito en los últimos 10 años
• Debe ser postulado por la comunidad
• Para los municipios urbanos (Panamá, Colón, Chiriquí) se requiere que la persona sea un profesional del derecho (abogado/a)

• Mientras que en los semiurbanos y rurales no se requiere ser abogado, pero si estar capacitado
• Debe tener perfil ético
• No estar vinculado con la política
• No ser familiar del alcalde, representante, ni del Consejo Municipal

En cada “Casa de Justicia Comunitaria” habrá un juez de paz y un mediador comunitario, quienes estarán continuamente capacitados para resolver los conflictos que se presenten.

“No todos los casos serán resueltos por la vía pacífica, habrán casos donde el juez tiene que tomar una decisión de acuerdo a la gravedad de la falta”, enfatizó Pinder.

El salario será destinado por el municipio, quien administrativamente y financieramente asume la responsabilidad.

Se ha propuesto técnicamente que en las áreas urbanas el salario sea de $1,500.00 mientras que en el resto del país podría ser de $1,000.00.

Temas como violencia doméstica, pensión alimenticia e invasión de tierras, serán resueltos por los jueces de paz dentro de la preparación y las competencias que les permite la ley.

Actualmente, Panamá tiene una estrategia de cooperación con Chile donde funcionarios del Municipio capitalino y el Ministerio de Gobierno viajarán a este país para conocer el manejo y efectividad para adaptarlo a la tierra canalera.