Falta de implementación de la Carrera Judicial pone en peligro la justicia

La Alianza Ciudadana Pro Justicia cuestionó, nuevamente, el sistema utilizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para nombrar funcionarios en el nuevo Sistema Penal Acusatorio (SPA) y la destitución de una juez de garantías en la provincia de Chiriquí.

La organización manifiesta que, desde hace más de 20 años, ha cuestionado la existencia de un sistema de nombramiento "que está basado en la discrecionalidad y que no permite una selección por méritos, capacidad, formación académica y vocación”.

En su pronunciamiento, la Alianza Ciudadana Pro Justicia reitera la importancia de la Ley de Carrera Judicial, aprobada en septiembre de 2015, para tener un sistema de justicia independiente y lamentan que la “falta de presupuesto” sea el impedimento para su implementación.

Además, cuestionan que la destitución de una juez de garantías, decisión tomada por el pleno de la Corte Suprema en sesión ordinaria el pasado jueves 29 de septiembre, se haya realizado sin “investigación o proceso previo”. La organización agrega que los nombramientos e investigaciones por faltas éticas o disciplinarias contra jueces y magistrados se deben realizar “al margen de la Ley”.

“Si los jueces de la República, que son los encargados de velar porque se respete la Constitución, las Leyes y los derechos fundamentales de las personas, no están debidamente capacitados, son nombrados de manera interina y removidos sin debido proceso, definitivamente que peligran los derechos humanos y la seguridad jurídica de todos los habitantes de las República”, detalla el comunicado.

El 25 de septiembre, una juez de garantías aplicó medidas cautelares a cuatro costarricenses, acusados de supuesto narcotráfico. Los individuos fueron detenidos en alta mar por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) con 500 kilos de cocaína en una embarcación.

Un comunicado del Órgano Judicial señaló que los ticos tenían impedimento de la provincia de Chiriquí, el deber de reportarse todos los lunes y debían residir en un hospedaje ocasional. El pasado martes 27 de septiembre, se alertó de la fuga de los individuos cuando no asistieron a una audiencia de apelación de las medidas aplicadas.

El pleno de la CSJ dejó sin efecto el nombramiento interino de la funcionaria por "ignorancia inexcusable".

La Alianza Ciudadana Pro Justicia concluye que lo ocurrido desacredita más a la Corte Suprema y expone que la crisis de justicia en Panamá requiere "medidas urgentes para recuperar la credibilidad pública y un verdadero Estado de Derecho".