'Paraísos fiscales internos', lo que reflejan las auditorías de la Contraloría

Las revelaciones que se han hecho por el contralor de la República, Federico Humbert, tras una auditoría a las Juntas Comunales y Municipios representan un hecho lamentable donde “parece que se construyeron paraísos fiscales internos”, según el abogado Rubén Castillo.

Agrega que el manejo irregular que se le han dado a los fondos conspira contra la institucionalidad democrática y no se puede permitir que el “pillaje se instale en el país”. Detalló que tras conocer la información, ha quedado perplejo.

Se trató de un sistema perverso, recalca Castillo, donde no se tuvo el cuidado para que la forma en que se hicieron las cosas tuviera vicios de legalidad.

Entre lo que se ha visto hay facturas falsas, números errados y ocultamientos, por lo que el abogado no duda en que se tiene que acabar con ese sistema a través de una veeduría ciudadana, pues es necesario “recobrar la confianza y debe ser promovida por el Estado”.

Hay una situación de fondo de acuerdo con el abogado: se tiene que eliminar cualquier posibilidad de que siga ocurriendo lo que hasta ahora se ha dado y los diputados no tienen por qué manejar fondos.

Afirma que da pena lo que está ocurriendo porque se estremece la institucionalidad.

El siguiente paso que se debe dar por parte del Ministerio Público es seguir el entramado de corrupción, tomando en cuenta los elementos de la investigación que se ha hecho y en el caso de los diputados, si hay alguno involucrado, mandar la acción a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entidad que deberá tomar las acciones correspondientes.

Castillo asegura que se tiene que revisar la actuación de la Contraloría para determinar si existe aún, algún funcionario que permitió que se dieran las transacciones.

El contralor de la República, Federico Humbert, informó este martes 27 de febrero, que las auditorías iniciadas en el 2014, a 186 Juntas Comunales y Municipios, revelaron el manejo irregular de millones de dólares por parte de diputados de todos los partidos políticos.

Se auditaron fondos por la suma de 319 millones 184 mil dólares, en un trabajo realizado por 161 auditores en todo el país y en las comarcas Ngäbe Buglé y Emberá Wuonann.

El contralor de la República explicó que la información entregada al Ministerio Público tiene el peso y estructura necesaria para abrir procesos judiciales en caso de que exista un mal manejo de dichos fondos.

Humbert dejó claro que las auditorias no fueron aleatorias, sino realizadas sin distinguir partidos políticos.