Interpol aprueba alerta roja para la detención del expresidente Ricardo Martinelli

La Oficina de Interpol (Policía Internacional) en Francia, acogió una petición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y emitió una alerta roja para lograr de la detención del expresidente Ricardo Martinelli, que es requerido en Panamá por la investigación de los pinchazos telefónicos que se dieron en su gobierno.

La información fue confirmada a TVN Noticias por el jefe de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, comisionado Marcos Córdoba, quien se limitó a decir que el trámite se estará haciendo a través de la Cancillería de la República.

La respuesta de Interpol se da luego de 11 meses que el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, solicitó se emitiera la alerta roja para la detención de Martinelli.

Mejía pidió la alerta roja a Interpol desde el 28 de junio el año pasado.

Martinelli no se presentó a la audiencia del 11 de diciembre de 2015, en donde se iba a decidir su futuro legal en el caso de los pinchazos telefónicos y por ende, fue declarado en rebeldía.

Posteriormente, el pleno de la CSJ ordenó su detención preventiva el 21 de diciembre del 2015, y autorizó al magistrado Mejía a hacer las gestiones necesarias para lograr su captura.

Martinelli salió de Panamá desde el 28 de enero de 2015 y no ha regresado. Actualmente vive en Miami, Estados Unidos.

La investigación a Martinelli por los pinchazos telefónicos que se dieron durante su gobierno, fue admitida por el pleno de la CSJ el 8 de junio de 2015.

El 13 de agosto de 2015, el magistrado fiscal Harry Díaz inició formalmente la investigación, tras cumplir con los trámites de notificación y verificación en el Tribunal Electoral, para saber si Martinelli gozaba de fuero electoral.

El 10 de octubre de 2015 (un día después de haber cerrado la investigación), Díaz presentó la formulación de acusación contra Martinelli (saltándose la imputación), pidiendo juicio y 21 años de prisión para el expresidente.

Al exgobernante se le acusa de delitos de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecusión y vigilancia sin autorización judicial; peculado por sustracción o malversación; y peculado de uso.

Junto con la acusación, Díaz pidió una alerta azul a Interpol para que se comunicara a Martinelli del proceso penal.

Para que se de la fase de imputación y acusación en el sistema penal acusatorio, se requiere su presencia física o los acusados.

Por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Martinelli solo puede ser investigado y juzgado por la CSJ.

Pendiente de la extradición

Además de esta alerta roja a Interpol, el magistrado Mejía solicitó el arresto de Martinelli con fines de extradición.

Ese pedido de extradición fue entregado por la Cancillería de Panamá a la Embajada de Estados Unidos (EEUU) el 27 de septiembre de 2016.

Una vez solicitada la extradición de Martinelli, la embajada de EEUU en Panamá debe enviar la documentación al Departamento de Estado y éste a su vez remitirlo a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Luego, un juez de Miami deberá evaluar si es viable la extradición y el caso sería debatido en una audiencia, en la que Martinelli podrá defenderse y ejercer recursos legales.

Hasta la fecha, no ha habido respuesta al pedido de extradición.

Los pinchazos telefónicos se ejecutaron desde el Consejo de Nacional (CSN) en Ancón y afectaron a más de 150 personas, entre políticos de oposición, dirigentes sindicales, magistrados, diputados, periodistas, entre otros.

Por este caso de los pinchazos telefónicos se sigue otro proceso penal en el Juzgado Décimosexto Penal a los exsecretarios ejecutivos del CSN, Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, y a los excolaboradores de esa entidad Ronny Rodríguez y William Pittí.

Última audiencia

El pasado 10 de mayo, la CSJ citó a Martinelli a una audiencia de imputación por el caso de 353 indultos ilegales otorgados poco antes de dejar el gobierno.

Sin embargo, al igual que en el caso de los pinchazos telefónicos, Martinelli no se presentó y la audiencia se suspendió para reanudarse hasta el 14 de junio próximo.

La decisión de postergar la audiencia por el proceso penal de los indultos fue tomada por José Ayú Prado, que actúa como juez de garantías en este caso.

"Para respetar los derechos humanos", fue el argumento de Ayú Prado tras postergar la audiencia, en vez de declarar a Martinelli en rebeldía.

Ayú Prado fue nombrado magistrado de la CSJ en 2013, por el entonces presidente Martinelli.

Investigaciones admitidas contra Martinelli

Pinchazos telefónicos.

Indultos.

Irregularidades en la compra de comida deshidratada en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Presunta extorsión a empresa italiana Impregilo.

Supuesto peculado en los préstamos otorgados por la Caja de Ahorros para la construcción del Centro de Convenciones de Amador.

Supuesta manipulación del mercado de valores con las acciones de la minera Petaquilla utilizando cuentas de Financial Pacific.

Compra de granos en el PAN.

Presunto cobro de coimas en Cobranzas del Istmo S.A.

2. Despojar de sus tierras a pobladores de Bahía Honda, en Veraguas.