Gremios periodísticos reaccionan a amenazas contra la libertad de expresión

El Consejo Nacional de Periodismo (CNP), El Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión y la Asociación Panameña de Radio Difusión, denunciaron las intenciones de querer cuartar la libertad de expresión y prensa a través de acciones judiciales.

En una conferencia de prensa realizada por estos gremios, expresaron que la libertad de expresión y el derecho de la ciudadana de escoger cómo informarse ha estado bajo ataque durante suficiente tiempo. Y llegó el momento de poner un alto al acoso.

Apuntaron al sistema judicial que a sus consideraciones ha sido vulnerado por la clase política y empresarios corruptos. “Existen precedentes que han demostrado la vulnerabilidad del sistema judicial y la incapacidad del Estado para garantizarnos como profesionales y empresas mediáticas el ejercicio de la libertad de expresión y como ciudadanos el derecho que tenemos todos de informarnos y expresar con libertad opiniones sobre la cosa pública”, dijo Guillermo Adames, presidente del CNP.

Recordaron que fue el presidente de la República Laurentino Cortizo quien firmó en nombre del Estado panameño, simultáneamente en octubre de 2020, las declaraciones de Chapultepec sobre libertad de prensa y expresión y de Salta sobre los principios de libertad de expresión en la era digital.

“No nos quedaremos callados ante nuevas amenazas para reprimir el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión para todos los ciudadanos en Panamá, principios no solo establecidos en nuestra constitución como una garantía fundamental de los ciudadanos sino también en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es signataria”, advirtieron.

Adames señaló que, la legislación panameña infringe los acuerdos antes mencionados, permitiendo la penalización de la calumnia e injuria, no establece límites en las cuantías para las demandas civiles y consecuente secuestros judiciales como resultado de reclamos por supuestos daños morales, permite el secuestro de bienes de propiedad de medios de comunicación (específicamente prensa escrita, medios digitales y usuarios de redes sociales) y utiliza argumentos confusos ligados a delitos como la violencia de género, la violencia política y el maltrato de menores para procesar penalmente a ciudadanos.

Dicho esto, los gremios señalan que se efectuarán iniciativas encaminadas a lograr reuniones durante la primera semana de enero con los tres poderes del Estado, con el objeto de buscar una solución eficiente para el beneficio la ciudadanía honesta de este país.

Por su parte Eduardo Quirós, presidente de grupo GESE, señaló que en ningún momento la defensa de la honra puede significar que un medio de comunicación cumpla con su deber de informar y que un ciudadano en particular se vea impedido de acceder al derecho de información.

De acuerdo con Adames, es propicio el momento para llamar la atención ante el constante acoso contra los medios de comunicación, por lo que apelan al buen criterio de los gobernantes para hacer todo lo conducente y lograr que en Panamá no se den más casos de esta naturaleza, además, de que la justicia cumpla su rol y los demás poderes del Estado también lleguen a un fin que es la consolidación de la libertad de expresión e información.

Mientras que, Alejandra Araúz, presidenta del Fórum de Periodistas, expresó que, la forma de hacer periodismo y el estado de la libertad de expresión son indicadores de cómo está la democracia en el país.

“Este derecho de la libertad de expresión y el libre servicio del periodismo no solo atañe a los medios de comunicación, es un servicio público que ayuda a la sociedad a estar informada y una sociedad informada es una sociedad empoderada y una sociedad empoderada exige rendición de cuentas a sus autoridades”, expresó.

Advirtió que, si esto se deja correr, luego habrá lamentos porque habrá censura para todo.

Adames destacó que estos gremios han unificado criterios para enfrentar los intereses creados para tratar de impedir la libre información, siendo este un derecho. Aseguró que este no es un problema de una persona ni de un grupo, sino un problema de Estado, destacando que en el país se han llevado luchas para mantener la libertad de expresión.