Fallo de la CSJ concede plazo a NG Power para cierre financiero

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del pasado 13 de julio declaró “probado” el incidente de desacato presentado por Panamá NG Power S.A. contra el administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Roberto Meana, situación que lo obliga a otorgar 150 días hábiles para que la empresa ejecute el cierre financiero.

La ASEP le había cancelado la licencia de generación a esta empresa por incumplir su compromiso de entregar el cierre financiero del proyecto en el tiempo contemplado en la ley. Pero, ante la decisión de la Corte, el proyecto se reactivaría.

El fallo estuvo bajo la ponencia del magistrado Hernán De León.

“La Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara probado el incidente de desacato, al administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Roberto Meana Meléndez, por rehusarse a cumplir con lo ordenado en la Sentencia de 20 de diciembre de 2017, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó cumplir con el plazo de 150 días para el cierre financiero, de conformidad con la Resolución de fecha 10 de mayo de 2017, dictada por el pleno de la Corte Suprema, en la Acción de Amparo de garantías constitucionales propuesta en su contra por Panamá NG Power”, destaca el fallo.

En tanto, el Pleno de la CSJ indicó en dicho fallo que el término está corriendo y vencería antes del 15 de octubre de 2018.

La empresa Panamá NG Power ganó una cuestionada licitación en el año 2013, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. La adjudicación de la licitación de energía más grande en la historia del país le fue otorgada a esta empresa, aún cuando fue el único proponente.

Participantes del mercado cuestionaron en esa ocasión que las condiciones impuestas por la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) no permitían la participación de otros proponentes.

En su momento, empresarios y otros organismos solicitaron la revisión a fondo del oneroso contrato de concesión obtenido durante el Gobierno de Martinelli, donde participó la empresa ganadora y en el que el precio de venta de energía al país es muy superior al del mercado.

Se conoció que la magistrada Ángela Russo salvó su voto y el magistrado Efrén Tello emitió voto explicativo.