Contralor ordena suspender pago de planilla a otros nueve diputados

El contralor general de la República, Federico Humbert ordenó suspender el pago a funcionarios de la planilla 080 de nueve diputados, por inconsistencias y falta de información.

Humbert en una nota enviada el lunes 4 de junio, a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, informó que luego de una evaluación realizada por la Dirección Nacional de Fiscalización General se ubicó a “un grupo de funcionarios que según información suministrada por la entidad, presentó constancia de prestaciones de servicios en el 2017 (con algunas inconsistencias), sin embargo, no se aportó información en el trimestre de 2018”.

Estos funcionarios de la planilla 080, a los cuales se les suspendió el pago trabajan para los siguientes diputados: Adolfo Valderrana, Ausencio Palacios, Crescencia Prado, Dana Castañeda, Felipe Vargas, Iván Picota, José Castillo, José Domínguez y Néstor De La Guardia.

Humbert cerró la nota a la Asamblea indicando que la orden de suspensión del pago ya fue girada.

El contralor Humbert ordenó el pasado lunes 28 de mayo la suspensión del pago a las planillas de once diputados de la Asamblea.

Específicamente, se ordenó la suspensión de los pagos a los diputados: Aris De Icaza, Carlos Motta, Elías Castillo, Fernando Carrillo, Jaime Pedrol, José Luis Varela, Juan Serrano, Melitón Arrocha, Salvador Real, Athenas Athanasiadis y Jorge Alberto Rosas.

Con esta nueva suspensión serían 20 los diputados cuyos pagos de planilla han sido suspendidas por orden de la Contraloría General de la República (CGR).

La Asamblea Nacional confirmó que recibió la nota firmada por el contralor Humbert.

"La Asamblea Nacional se encuentra verificando con cada uno de los diputados enlistados, los informes presentados a la Contraloría", indicó en comunicado la entidad.

En esta nota la Asamblea indica que "aún desconoce el informe con los resultados de la revisión realizada durante dos meses por fiscalizadores y auditores de la CGR".

La Asamblea le recuerda a la Contraloría que presentó un amparo de garantías constitucionales que fue admitido y que están a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).