Detalles del caso que tiene a Ricardo Martinelli tras las rejas

Todo el calvario que el expresidente de la República Ricardo Martinelli está enfrentando en estos momentos en el Centro de Detención Federal de la ciudad de Miami, en Estados Unidos (EEUU), es causado por el caso de las escuchas telefónicas en perjuicio de al menos 150 personas, realizadas en Panamá durante su gestión.

A Martinelli le quedan al menos seis días más en este reclusorio que alberga criminales latinoamericanos y estadounidenses, pero el juez tiene la potestad de dejarlo más tiempo en la cárcel o aplicarle otro tipo de medida cautelar como brazalete electrónico.

Por ahora sólo puede ser visitado por sus abogados, el contacto con sus familiares fue restringido aunque se le permite recibir sus medicamentos, tal como lo aprobó este martes 13 de junio el juez de la jurisdicción estadounidense Edwin Torres.

La situación de Martinelli es bastante curiosa porque aunque está preso, técnicamente no tiene la categoría de imputado en Panamá por ninguna de las causas abiertas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por una gama de delitos, la mayoría contra la administración pública.

Esto es así porque a pesar de que Martinelli es señalado como autor o partícipe de conductas que lesionaron el erario público panameño y la privacidad de decenas de ciudadanos no se le han podido formular cargos porque se fue de Panamá. La ley panameña exige que el señalado esté presente para imputarle de cargos y posteriormente definir qué medida cautelar se le aplica si es detención preventiva u otra.

Esto no quiere decir que Martinelli no esté enterado de los procesos, porque las autoridades judiciales de Panamá han publicado avisos en diarios norteamericanos y enviado notificaciones por medios electrónicos al expresidente.

De todos los procesos que tiene, el más avanzado es el de las escuchas telefónicas, donde se le acusa de delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, que abarca interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial.

Además se le endilgan delitos contra la administración pública que incluye diferentes formas de peculado, por sustracción o malversación y peculado de uso. Todos estos delitos suman por lo menos 21 años de cárcel.

El magistrado Harry Díaz quien lo investiga por este caso pidió apertura de juicio oral contra Martinelli por todos los delitos antes mencionados, el 9 de octubre del 2015.

El 21 de diciembre de ese mismo año se intentó formalizar la acusación pero no fue posible porque Martinelli no estuvo presente, ese día fue declarado reo rebelde.

Desde la solicitud de acusación que fue hecha hace casi dos años hasta ahora no había sido posible avanzar con el proceso porque Martinelli se encuentra fuera de Panamá.

Los pasos emprendidos tanto por Díaz como por el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, fueron dirigidos a pedir tanto a Interpol como a la Cancillería de la República el arresto y la extradición del exmandatario respectivamente.

Para formalizar la solicitud de extradición pasaron 9 largos meses de trámites, traducciones, estudios y cumplimiento de requisitos para procurar que Estados Unidos acogiera la petición.

Mientras avanzaban por la vía diplomática paralelamente seguía procesándose la orden de captura a Interpol, que fue pedida por Panamá en junio del 2016, pero que fue aprobada el 22 de mayo del 2017, es decir casi un año después.

Durante todo ese tiempo el exmandatario tuvo oportunidad de disfrutar su vida en Miami donde hasta compró una ostentosa propiedad, así como otros lujosos bienes, pero su libertad fue restringida en la puerta de su casa este lunes 12 de junio y el martes 13 de junio el juez Edwin Torres prefirió no concederle la fianza y dejarlo en prisión 9 días para definir su caso.

Información que EEUU tiene contra Martinelli

En su exposición de motivos el juez fue amable con el expresidente y aseguró que prefería fijar una fecha de audiencia para el próximo martes 20 de junio, para decidir si le da o no una fianza de excarcelación, lo hizo así porque calificó el caso como “fuerte”.

¿A qué se refería exactamente el juez Torres cuando dijo que se trata de un caso fuerte?, eso no se sabrá hasta que se ventilen sus argumentos la próxima semana, lo que sí sabemos es que el juez Torres cuenta con por lo menos un documento en el que se explican las razones por las que Panamá requiere a Martinelli.

En nueve páginas se le informa que el magistrado Harry Díaz en octubre de 2015 formuló la acusación contra el exmandatario, que en diciembre del 2015 se hizo una audiencia en la que no participó el expresidente y se ordenó su arresto.

En la explicación realizada se mencionan los cargos endilgados a Martinelli, se habla de documentos que sustentan la petición de extradición por las escuchas telefónicas.

Dice que Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá desde el 2009 hasta el 2014 y que entre el 2012 y 2014 utilizó recursos del Estado para hacer interceptaciones telefónicas ilegales afectando a más de 150 personas, tanto políticos aliados, opositores y sus familiares, jueces de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral, periodistas, empresarios, activistas, profesionales y miembros de la sociedad civil.

Que compró equipos para realizar estas actividades con fondos públicos y que usó los servicios del Consejo de Seguridad Nacional de Panamá, que Martinelli creó un sofisticado programa para interceptar y supervisar en perjuicio de la privacidad de las víctimas, sin autorización judicial.

Menciona el documento que la Constitución de Panamá prohíbe este tipo de actos sin la autorización de la autoridad competente, en este caso sería la Sala Penal de la CSJ de Panamá.

Los escabrosos detalles que maneja la justicia de EEUU

Incluso va más allá cuando señala que Martinelli modificó la ley para tener mayor poder sobre el Consejo de Seguridad.

Explica que se creó una unidad para otorgarle servicios especiales, que varios agentes le reportaban directamente todas sus actividades. Esta unidad secreta funcionaba en el mismo edificio del Consejo de Seguridad Nacional y que operaba a través de una máquina pinchadora llamada Pegasus, que fue comprada con 13 millones de dólares de fondos públicos.

Indican que Martinelli usaba a Pegasus para interceptar y supervisar a sus “targets” es decir a sus objetivos.

Los señalamientos se vuelven más escabrosos cuando mencionan que las tareas realizadas por los miembros de esta unidad secreta también incluían recabar información íntima de opositores políticos de Martinelli. Que él daba instrucciones para que este tipo de videos sensacionales o de políticos teniendo relaciones sexuales acusados de infidelidad, se subieran a la red social You Tube, usando una computadora que se pudiera conectar a internet sin ser rastreada.

Hablan también de los montos pagados a los dos servidores de la unidad secreta que eran funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, quienes podrían recibir unos bonos de dos mil dólares por sus tareas de espionaje ilegal.

Mencionan también que a través de entrevistas a medios de comunicación Martinelli había reconocido tener información (dossier and pedigree) de todo y todos en el país, que sabía lo que habían hecho y lo que no.

Después de la derrota política de mayo de 2014 los agentes de Martinelli, Rodríguez y William desmantelaron el equipo de vigilancia instalado en el edificio del Consejo de Seguridad, lo hicieron fuera de los horarios de oficina, que lo único que dejaron fue una computadora portátil a la que le habían borrado todo pero que posteriormente la información fue recuperada por los forenses.

Señala que por petición de Rodríguez un estante de metal que contenía el servidor de una computadora fue trasladado a las oficinas del súper 99 en Monte Oscuro, que es propiedad de Martinelli.

Al final hacen mención que una funcionaria del Departamento de Estado de EEUU declaró al Departamento de Justicia que los delitos por los cuáles se exige la extradición están contemplados o previstos en el tratado y que los documentos que respaldan la solicitud están debidamente autenticados o certificados por el representante diplomático de Panamá y que por tanto pueden ser recibidos como pruebas.

La información aportada por la funcionaria del Departamento de Estado incluye una copia de la nota diplomática de Panamá, del tratado y de documentos certificados.

En el último punto se señala que es probable que Martinelli huyera si supiera de la existencia de una orden de arresto vigente en su contra.

El "complaint" lleva la firma de Benjamin Greenberg quien es el “United States Attorney”, su asistente Adam S. Fels y del juez Edwin Torres quien confirmó el recibido del documento.