'Existe un pacto de no agresión entre el Órgano Legislativo y el Judicial'
Críticos señalan un acuerdo entre ambos órganos del Estado para no investigarse los unos a los otros
El millonario escándalo de las donaciones, que sacude a la Asamblea Nacional, pierde poco a poco la posibilidad de ser esclarecido.
Aunque auditores de la Contraloría General de la República investigan qué ocurrió con los más de $14 millones entregados en donativos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó las denuncias presentadas.
“Es un círculo vicioso en este país. Yo no te investigo, tú no me investigas”, manifestó Balbina Herrera, dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD). “Es peligroso, estamos creyendo que no va a pasar nada”, advirtió.
La Asamblea y los magistrados se deben investigan unos a otros, según la Constitución. Entre ambos órganos hay cerca de cincuenta denuncias, siendo José Ayú Prado el magistrado más denunciado con nueve. Se le acusa de delitos contra la administración pública, abuso de autoridad y corrupción de servidores públicos.
Le sigue el magistrado Harry Díaz, también por delito contra la administración pública, violación de la carrera judicial y abuso de autoridad. También se incluye al magistrado Oydén Ortega por abuso de autoridad.
“Se confirma la tesis que existe un pacto de no agresión entre el Órgano Legislativo y el Órgano Judicial, en un momento en que Panamá necesita que la justicia funcione”, lamentó el abogado Freddy Pittí, quien denunció los donativos.
La última decisión del pleno de la Corte rechazó dos denuncias contra el presidente de la Asamblea Rubén de León.
“Aspiramos a que esta situación se aclare”, manifestó el diputado perredista Quibian Panay. “La Asamblea está sujeta a un audito y aspiramos a que se aclare cualquier situación que pueda haber sucedido”, enfatizó.
Con información de Isaías Cedeño.
