Advierten que los fines del decreto 141 podrían estar ligados a intereses mineros

El abogado ambientalista Rodrigo Noriega, tachó al decreto ejecutivo 141 como otro intento de la clase política, económica y de inversionistas de abrir no solo las áreas protegidas, sino más adelante, las tierras colectivas indígenas al mercado de tierras.

Según el abogado, este decreto es un "superfluo", porque por ley Panamá no puede titular propiedades dentro del área protegida, entonces, han creado una figura con un nombre bonito, certificado de uso de suelo, que en el fondo es un título de propiedad.

También destacó que por ley un ministerio no puede cederle sus funciones a otra institución a través de un decreto ejecutivo. La legislación ambiental panameña prohíbe titular lotes en las áreas protegidas y Panamá por convenios internacionales el país está comprometido a proteger estas áreas a tal punto que lo que está dentro de esta determinación no puede dejar de serlo y se tienen que crear más, es por ello que están declarando zonas marinas como áreas protegidas.

Recordó que durante el gobierno de Juan Carlos Varela se quiso desmantelar el Parque Nacional de isla Coiba para convertirlo en un Disney World ecológico, lo que fue evitado, pero el intento de los políticos por abrir las áreas protegidas sigue presente.

Argumentó que, el Parque Internacional La Amistad lo están "despedazando" por todas partes y no se ha sabido aprovechar la riqueza ecológica con la que cuenta el país porque no se invierte en ciencia ni en tecnología.

“Lo que me parece que está en el trasfondo de este evento específico es parte de la negociación minera. Alguien necesita más tierras para ampliar su explotación minera y entonces lo van a dar de otra forma vamos a disimularlo y se comprometa a cumplir con un plan de manejo el tenedor final de los certificados”, manifestó.

Para Noriega, antes de empezar a ejecutar esta iniciativa se tenía que hacer un catastro y un censo para tener conocimiento de quién era dueño y de qué era dueño, pero hacerlo cómo se está haciendo se presta para corrupción.

Advirtió que este es un problema de institucionalidad porque ningún inversionista de Europa o Estados Unidos querrá venir a Panamá porque con un decreto ejecutivo se cambian las reglas del juego.

También destacó que agencias internacionales pagaron la participación de funcionarios panameños en la Cumbre Climática de Glasgow porque creían en Panamá y creían que tenía que haber representación del país, pero con esto nadie va a creer.

Noriega explicó que, mientras Corte Suprema de Justicia admite los recursos y los considera, se ordena la suspensión de todas las acciones derivadas del decreto, pero también puede decidir no suspender el decreto. Aunque reconoció que la Sala Tercera responde muy bien ante los temas ambientales.

Abogó porque se apueste a la atracción turística en vez de destruir los recursos naturales que tiene el país y que son únicos en el mundo.