Advierten que jueza de paz que retuvo a periodista tendrá que responder

La retención y posterior liberación de la periodista Ligia Arreaga por la jueza de paz Ulzana de Valdés, en el distrito de Barú en la provincia de Chiriquí, ha puesto en el ojo público a este cargo, que apenas tiene un año de haberse implementado en el país, situación por la que tendrá que responder, según consideró este viernes 4 de enero, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

El pasado miércoles se informó que la periodista había sido retenida al momento en que intentaba entrevistar a Valdés, sobre una situación con productores locales en este distrito chiricano.

La situación ocurrió en la sede del Juzgado de Paz del corregimiento de Rodolfo Aguilar Delgado.

La retención ocurrió al momento en que Arreaga insistía en obtener información de la jueza de paz.

Posteriormente fue puesta a órdenes de las autoridades para un trámite administrativo, por no portar su cédula de identidad.

La periodista fue multada con 300 dólares por la jueza de paz y tras permanecer retenida un día en la sede de la Policía Nacional, en Puerto Armuelles, fue liberada ayer.

De acuerdo con Castillo, en Panamá hay un serio problema de acceso a la justicia en muchas comunidades.

Considera que a un año de haberse implementado escalonadamente en el país hay varios tropiezos, como pocos recursos para la justicia de paz. “Los alcaldes han estado nombrando a los jueces de paz, adecuando las instalaciones que eran de las corregidurías para ponerles el letrero de Casas de Justicia, pero realmente todo es muy limitado”.

Recalcó que hay muchas comunidades que no tienen jueces de paz y donde hay una “supuesta Casa de Justicia no hay implementos, ni mediadores”.

Castillo destacó que en cada país el sistema es diferente, pero en Panamá la justicia comunitaria es “muy a lo panameño”.

Al momento en que se elaboró la ley que creó la Justicia Comunitaria participó la sociedad civil, el Colegio Nacional de Abogados, la Procuraduría, el Ministerio Público y otros sectores.

“Esta ley de justicia de paz no es la que nosotros queríamos porque la propuesta era otra”, pues considera que en la Asamblea Nacional incorporaron la parte política, principalmente la escogencia de los jueces de paz.

Para Castillo, el problema actual es que hay jueces de paz en otros municipios del país que son cercanos a los alcaldes.

Reiteró que, en este caso, cuando se analiza la actuación de hace unos meses atrás, cuando Valdés ordenó el lanzamiento de unos productores de sus tierras, “uno se da cuenta que ella no estaba actuando como un juez de paz... En medio de un conflicto tan fuerte como el que se está dando en la región del Barú, la justicia de paz no le da competencia para esas cosas”.

Con el caso de la periodista, Castillo considera que la Ley de Justicia de Paz solo sostiene que puede decretar una aprehensión preventiva cuando hay situaciones de víctimas de violencia y debe pasarlo a la autoridad competente.