Tribunal español investiga posible espionaje a Rafael Correa en caso Assange
Un juez de la Audiencia Nacional española admitió a trámite la querella interpuesta por el expresidente de Ecuador Rafael Correa contra la empresa española Undercover Global (UC GLobal), a la que investiga por supuesto espionaje al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la embajada ecuatoriana en Londres.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado José de la Mata acuerda acumular esta querella a la causa en la que ya investigaba el supuesto espionaje a Assange y que tramitará en la "pieza separada Correa".
También acuerda tomar declaración al expresidente de Ecuador desde su residencia en Bélgica, a donde se trasladó tras dejar la jefatura de Estado en 2017.
La querella está dirigida contra el dueño de UC Global, David Morales, ya imputado en la causa, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cometidos fuera de España, en Francia y Bélgica.
Según la querella, Morales, por medio de su empresa, prestó servicios de seguridad a Correa y a su familia cuando era presidente de la República de Ecuador (2007-2017), dispositivo que se prolongó hasta 2019.
Durante ese período, Morales, prosigue la querella, "habría realizado tareas de espionaje sobre Correa, haciendo que los encargados de la seguridad recabaran información privada sobre éste, con intromisiones en su privacidad".
Se denuncian "seguimientos y fotografías de encuentros entre Correa y el abogado coordinador de la defensa de Assange", que ha sido llamado a declarar el próximo lunes como testigo en el marco de esta causa.
El 17 de noviembre de 2017, señala la representación de Correa, Morales elaboró un informe relatando esos encuentros y temas tratados, y sobre reuniones mantenidas en Bruselas.
Este informe incorporaba además los números de serie de sus dispositivos electrónicos (ordenador y tableta) y estaba redactado en inglés.
Sin entrar todavía a analizar los hechos denunciados, el magistrado acuerda admitir a trámite la querella, con el informe favorable de la Fiscalía, al considerar que del relato fáctico "se desprende racionalmente indicios de participación en las conductas penalmente relevantes objeto de la investigación".