Transparencia Internacional hizo un llamado a fiscalías que investigan a Odebrecht
La ONG Transparencia Internacional (TI) instó a las fiscalías de los quince países que se reúnen hoy en Brasil para investigar el caso Lava Jato y las presuntas prácticas corruptas de la constructora Odebrecht que den "pasos decididos para llevar a los culpables ante la justicia".
En un comunicado, TI afirmó que la cita de fiscales de Brasil, Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela supone "una oportunidad tremenda para abordar la gran corrupción de manera significativa y global".
El objetivo del encuentro es estudiar el caso Odebrecht, desde la financiación ilegal de campañas electorales, al pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas.
Los países convocados han solicitado información a las autoridades brasileñas, que desde hace más de dos años iniciaron la llamada operación Lava Jato, que empezó con un simple asunto de blanqueo de dinero en un puesto de gasolina y lavado de coches de Brasilia y destapó el mayor escándalo de corrupción de la historia nacional.
"Los fiscales deben usar esta oportunidad para compartir experiencias, estrategias e información para mejorar su trabajo. En cada país la gente reclama los mismos resultados que han conseguido los fiscales de Brasil", manifestó el presidente de TI, José Ugaz.
La ONG propone la creación de un grupo de investigación conjunto a escala global que se centre en los paraísos fiscales y el lavado de dinero, convencida de que una investigación coordinada es clave para desmantelar sistemas corruptos que perpetúan la pobreza y la desigualdad en Latinoamérica y África, donde también actuó Odebrecht.
Para garantizar la eficiencia y la transparencia de las investigaciones, TI pide que la sociedad civil tenga acceso a cualquier acuerdo de cooperación que al se llegue, incluyendo los pactos con empresas que puedan colaborar con las autoridades.
La ONG propone también que los recursos que se obtengan de multas y acuerdos se destinen a programas de prevención de la corrupción y de responsabilidad social.