El tiempo juega en favor de los políticos acusados de corrupción en Brasil

El presidente brasileño, Michel Temer, advirtió esta semana que no aceptará en su Gabinete a ningún ministro procesado por la Justicia, pero olvidó decir que el tiempo que demora admitir la denuncia contra un político con fuero privilegiado supera al que le resta como mandatario.

"El tiempo promedio que demora la Corte Suprema para analizar si acepta o no la denuncia contra un acusado con fuero es muy superior a los poco menos de dos años que le quedan a Temer de mandato", dijo a Efe el especialista en derecho público Ivar Hartmann.

Según el "Proyecto Supremo en Números", un amplio estudio sobre el desempeño de la Corte Suprema de Brasil coordinado por Hartmann, la demora media del máximo tribunal para pronunciarse sobre una denuncia fue 662 días en los últimos diez años.

En otras palabras, Temer difícilmente tendrá que destituir a uno de sus ministros, así sea salpicado por denuncias de corrupción, porque su mandato concluye el 1 de enero de 2019.

El jefe de Estado advirtió que destituiría a cualquier ministro que fuera procesado el pasado lunes, en una enérgica reacción a las críticas por el nombramiento como ministro de la Secretaría General de la Presidencia a Wellington Moreira Franco, un antiguo amigo y aliado político cuyo nombre ha aparecido en denuncias de corrupción.

La polémica fue provocada por tres sentencias de jueces que consideraron que la designación buscaba "blindar" con el fuero privilegiado a un amigo del presidente acusado de corrupción.

Los jueces citaron una cautelar dictada en marzo de 2016 por un magistrado de la Corte Suprema que impidió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ocupar un cargo en el gabinete de Dilma Rousseff, destituida en agosto pasado y reemplazada por Temer.

En ese momento Lula era investigado por corrupción (hoy enfrenta cinco procesos), lo que dio lugar al magistrado Gilmar Mendes a aceptar una demanda contra su nombramiento bajo la premisa de que se podría valer de la condición de aforado para evitar la acción de la Justicia.

Las estadísticas sobre prescripción y demora de procesos del Proyecto Supremo en Números dejan claro por qué es una ventaja contar con fuero, estatus del que gozan los parlamentarios, el jefe de Estado y los miembros del Gabinete, entre otras autoridades.

Mientras que un juez de primera instancia puede concluir un proceso y dictar sentencia en pocos meses, el promedio de un proceso penal en la Corte Suprema en los últimos diez años fue de 945 días.

"Hay un aumento gradual del tiempo que el Supremo demora en resolver procesos criminales. La tendencia es que esos asuntos ocupen cada vez más tiempo de los magistrados", explica Hartmann, profesor de derecho de la Fundación Getulio Vargas (FGV) y especializado en derecho público en Harvard Law School.

La demora se explica, en parte, porque las denuncias contra aforados se multiplicaron en 162 veces en diez años, mientras que las de procesos penales comunes crecieron 57 veces.

Hasta 2001, la Corte Suprema solo podía procesar parlamentarios con la previ

a autorización del Congreso. Ese año, abrió 12 procesos contra aforados, número que llegó a 159 en 2013 y a 65 en 2015.

Y los números saltarán significativamente cuando la Fiscalía presente las denuncias contra los cerca de 200 políticos que, según versiones de prensa, fueron citados por delatores de la constructora Odebrecht como receptores de sobornos y donaciones ilegales.

"El procesamiento de aforados en el Supremo es muy ineficaz, lo que acaba facilitando la prescripción", alerta Hartmann. Las cifras de su informe confirman el poco éxito de la Corte para condenar aforados.

De los 404 procesos concluidos por el Supremo entre 2011 y 2016 contra aforados, la Fiscalía ganó solo 3 (0,74 %) y la defensa se anotó 71 (17,6 %).

Otros 276 procesos (68,3 %) prescribieron o fueron enviados por el Supremo a tribunales inferiores porque el acusado dejó el cargo y perdió la condición de aforado.

"Los números muestran que es mucho más ventajoso para los reos que los juzgue el Supremo, en donde el proceso es más largo y hay más posibilidad de que no llegue a nada", concluye Hartmann.

Esa situación llevó a uno de los propios miembros del Supremo, Roberto Barroso, a presentar este jueves una propuesta para restringir el fuero de los parlamentarios a los acusados de delitos ocurridos durante su mandato y no antes de la investidura.

El magistrado defendió una revisión del fuero para eliminarlo o limitarlo, tanto por "razones filosóficas" como prácticas, porque "cortes constitucionales como el Supremo no fueron concebidas para funcionar como juzgados criminales".