¿Cuál es la situación judicial de la expresidenta de Bolivia que lleva 6 meses presa?

Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia entre 2019 y 2020, fue arrestada el 13 de marzo. Luego de seis meses, que ha pasado en una cárcel de La Paz, ¿cuál es su situación judicial?

Lo explica su abogado, Luis Guillén.

¿De qué se acusa a Áñez?

"Estamos entrando a los seis meses de prisión preventiva sin que, al día de hoy, exista una acusación", afirma Guillén.

El gobierno del izquierdista Luis Arce apunta contra la exmandataria conservadora como coautora de un supuesto golpe de Estado contra su predecesor, Evo Morales (2006-2019), mentor de Arce.

Se la acusa de terrorismo, sedición y conspiración "sin establecer cuáles son los hechos terroristas, sediciosos y conspirativos, ni menos cuál fue su participación", agrega el abogado.

Áñez, de 54 años, fue detenida el 13 marzo y, a la semana, un juez la envió a prisión preventiva por cuatro meses. Cuando sus abogados apelaron, la respuesta fue... aumentarla a seis meses.

¿Por qué hay más de un proceso a la vez?

En agosto, el proceso contra la exmandataria se dividió en dos: al existente se agregó otro por resoluciones contrarias a la Constitución.

Según la Fiscalía, este último delito debe juzgarse por separado.

Sin embargo, dice Guillén, ambos procesos tratan sobre "la forma en la que ella ascendió a la presidencia".

Para el abogado de 38 años, esto viola el principio de que "una persona no puede ser sentenciada dos veces" por el mismo acto.

En agosto, el juez a cargo del segundo proceso ordenó una nueva prisión preventiva para Áñez, también por seis meses.

¿Fue legal la toma del poder de la expresidenta?

Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado cuando sucedió a Morales en el poder, el 12 de noviembre de 2019.

Llegó a la presidencia de Bolivia mediante una cuestionada sucesión constitucional por vacancia, luego de la renuncia de Morales y varias autoridades, en medio de protestas masivas, acusaciones de fraude electoral y la presión de militares y policías.

El mismo día, el Tribunal Constitucional (TCP) avaló la sucesión citando una sentencia constitucional de 2001.

Esa sentencia interpreta que "ante la existencia de vacío de poder, no se requiere convocar a asambleas legislativas, solicitar quorums o alguna formalidad; la sucesión constitucional opera de forma inmediata", explica Guillén.

El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), por el contrario, argumenta que el comunicado del TCP no es vinculante.

"Un comunicado es un acto administrativo", rebate el abogado.

A su vez, niega que haya habido un golpe de Estado señalando que todos los poderes del Estado, incluido el Congreso controlado por el MAS, "reconocieron la presidencia" de su clienta.

¿Cómo se la debe juzgar por la represión durante su mandato?

El delito más grave del que se acusa a Áñez es el de "genocidio", sancionado con pena de cárcel de 10 a 20 años, por la represión a manos de las fuerzas del orden en el poblado de Sacaba, cerca de Cochabamba, y en Senkata, cerca de La Paz, durante las primeras semanas de su mandato.

Un informe presentado por un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó 22 muertos en ambos incidentes, que calificó de "masacres".

"Esto sí ha sido bajo su presidencia, tiene que ser investigado y la exmandataria no se opone", asevera Guillén.

Pero debe investigarse "de forma objetiva", advierte.

"La ley establece que si se quiere hacer un proceso contra la expresidenta, tiene que ser un juicio de responsabilidades", previa aprobación por dos tercios del parlamento.

¿Qué se podría lograr con la ayuda internacional solicitada?

Después de que la expresidenta se autolesionó el 21 de agosto en la cárcel haciéndose cortes en un brazo, su defensa solicitó a la CIDH medidas cautelares de protección.

"Estamos esperando que esta semana o la próxima podamos tener una respuesta, que la CIDH actúe de forma objetiva y vea la urgencia" de la medida, motivada por las "amenazas" a la "salud deteriorada" de la expresidenta, dice Guillén.

Si el organismo decide a favor de esas medidas, Bolivia está "obligada" a cumplir, por ser un asunto de "derechos humanos". En caso contrario "la defensa va a analizar".

"Está en riesgo la vida de la exmandataria", afirma.